La transición entre gobiernos suele ser muy lenta en la mayoría de entidades federativas y municipios; al día de hoy, todavía se está decidiendo quiénes ocuparán subdirecciones, jefaturas o coordinaciones “menores” de las secretarías y otras dependencias o revisando procedimientos iniciados con la anterior administración, cotejando inventarios y hasta haciendo mudanzas físicas de oficinas en su reacomodo organizacional.
La lentitud del “cambio” puede llegar hasta los seis meses y afecta negativamente a proveedores que no han recibido pagos, ciudadanos con trámites iniciados que nadie les resuelve, proyectos y obras suspendidas o que no pueden iniciar pero, sobre todo, a los propios servidores públicos que llevan varios meses en un estado de incertidumbre. Si le añadimos que esto sucede cada tres años en el ámbito municipal y otras instituciones como algunas universidades públicas u organismos autónomos, es importante que reflexionemos y analicemos dos piezas claves de la gestión pública y la rendición de cuentas: la entrega-recepción entre las administraciones y el servicio profesional de carrera.
La entrega-recepción debería al igual que la contabilidad gubernamental, tener estándares y criterios homogéneos en todo el país y evitar la parálisis de los procedimientos y el saqueo de bienes muebles –y hasta inmuebles– de las diversas dependencias de la administración pública los cuales, sin duda, son patrimonio común de los mexicanos. Se ha visto a la entrega-recepción como un cúmulo de formatos que firmar y luego revisar hasta en varios meses, sin que los ciudadanos sepamos bien a bien en qué estado entrega un gobierno y sus funcionarios, cualitativa y cuantitativamente, sus dependencias; cuáles fueron sus logros y cuáles los compromisos pendientes de atender por la siguiente administración. Es absurdo pensar que todo trabajo o trámite se concluyó en la misma fecha en que el funcionario público dejó su cargo, especialmente, porque los periodos gubernamentales no coinciden con las etapas del ciclo presupuestario-fiscal.
Con sistemas informáticos, procedimientos estructurados y documentados y una contabilidad gubernamental en tiempo real, como se pretende con su armonización nacional pospuesta en su implementación, no debería haber ningún pago o trámite pendiente de autorizar y la gestión pública ordinaria debería fluir sin ningún tropiezo, ¿dónde quedaron las famosas tres “p” (planeación, programación y presupuestación?
Pero es aquí donde aparece el segundo tema vinculado, el servicio profesional de carrera. Mauricio Merino comenta en una nota reciente la importancia del mismo. Añadiría a su reflexión, unas más sobre las dos caras de la moneda.
Los servidores públicos con plazas, no pueden ser despedidos injustificadamente, hay que indemnizarlos, lo que está generando en algunos casos unas cuantías significativas de gasto público no programado. Son derechos laborales de las personas que los nuevos gobiernos, especialmente en los espacios donde hubo cambio de partido político, se convierten en favores entre personajes importantes y con la debida gratitud que deberá demostrar el trabajador que pudo conservar su empleo a su nuevo jefe, el cual puede que se dedique a hostigarlo hasta que renuncie. Aquellos que no gozaron de estos “favores”, aunque tengan perfiles profesionales excelentes, quedan “apestados” y difícilmente pueden encontrar empleo en el sector gubernamental.
Pero por otra parte, están los servidores públicos ineficientes, esos burócratas indeseables a los que no hay manera de despedir pues tienen “base” o gozan de la protección de esos personajes importantes o de sus sindicatos. El nuevo funcionario con nivel medio o bajo directivo deberá padecer a su equipo de trabajo sin posibilidad de incorporar a mejores perfiles. Y si lo hace, el servidor público considera que tiene el derecho de ser recolocado en alguna otra posición a pesar de su pésimo desempeño o aunque no tenga conocimiento ni experiencia en el nuevo puesto, desde luego con el mismo o mejor salario; el favoritismo se convierte en derecho adquirido.
¿Cómo se puede resolver este dilema? ¿Cómo tener servidores públicos competentes, objetivos y alejados del favoritismo político? ¿Cómo hacer que la entrega-recepción sea un buen instrumento de rendición de cuentas y de gestión pública durante las transiciones entre gobiernos? No tengo una pronta respuesta desde luego, pero considero que los archivos, los procesos documentados y la transparencia gubernamental reaparecen en el análisis como herramientas indispensables para tener elementos para dar continuidad a la gestión pública cotidiana y evaluar periódica y objetivamente a los servidores públicos.
