El director ejecutivo del Centro de Derecho y Democracia añadió que en países con alto índice de corrupción como México una buena práctica sería que los funcionarios públicos con mayor jerarquía hicieran pública su declaración patrimonial.

En rueda de prensa en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), indicó que en la medición de esta organización canadiense México ocupa el sexto lugar en fortaleza de su legislación de transparencia, de una lista de 195 países.

México, aseguró, destaca también no sólo por tener una buena ley, sino por la instrumentación de ésta mediante el IFAI.

Además, refirió que en el marco de la reforma constitucional a la Ley de Transparencia, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, se están haciendo propuestas progresistas.

No obstante, consideró que los grandes avances serían dar autonomía constitucional al órgano garante de transparencia, ampliar el alcance de sujetos obligados y un sistema de reglas coherentes dando cierta autoridad al organismo federal sobre los estatales.

“La reforma constitucional de 2007 en México trajo una de las protecciones constitucionales más fuertes del mundo, tal vez sólo después de Suecia, y ahora con esta reforma que se está discutiendo podría volver a estar a la vanguardia con una protección, una definición constitucional muy fuerte”, destacó.

El experto señaló que el tiempo transcurrido entre la llegada del nuevo gobierno y la discusión de las modificaciones constitucionales en materia de transparencia son normales, pues lo preocupante sería que pase un año sin que haya cambios.

Uno de los grandes retos, recalcó, es homologar las leyes de transparencia en todas las entidades federativas, pero las diferencias son también un aliciente para competir por ser el mejor, como se ha visto en algunos casos “la tensión virtuosa entre el Distrito Federal y la federación por ver quién lo hace mejor”.

En cuanto a la situación en que se encuentran algunos ex gobernadores mexicanos por desvío de recursos, Toby Mendel comentó que en países como Filipinas se utilizan las declaraciones patrimoniales públicas como una forma de control de la corrupción.

“En países donde la corrupción es muy alta, las declaraciones patrimoniales deben ser públicas. En países como México, donde hay mucha corrupción, aunque está el derecho a la privacidad, debería predominar el interés público”, subrayó.

El experto canadiense se encuentra de visita en México para participar en el foro “A diez años de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información”, con el que el IFAI celebrará su primera década de vida.

En junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos son confidenciales, como establece el Artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los magistrados optaron por el argumento de la protección de datos personales y salvaguarda de la vida privada de los funcionarios, quienes son los únicos que pueden autorizar si su declaración patrimonial se hace pública o no ante los ciudadanos a través de una solicitud del IFAI.