Desafortunadamente, las malas prácticas gubernamentales como la ineficiencia, la corrupción y el fraude siguen formando parte de la agenda nacional, independientemente del orden de gobierno de que se trate, abarcando además a los tres Poderes de la Unión.

En particular, el fraude nos habla de una cultura de inercia en la cual el servidor público no percibe como elevado el riesgo de que un mal manejo sea descubierto, o que, inclusive siéndolo, la posibilidad de ser sancionado con severidad por ello es muy remoto. El fraude se caracteriza por el uso indebido de los recursos, capacidades o facultades que han sido confiados a un funcionario para el cumplimiento de su mandato, y que son desviados para la obtención de un beneficio personal y al margen de la normativa existente.

Si bien no podemos negar que existe un importante contenido ético en la toma de decisión que lleva un servidor público a cometer un fraude, y que, debido a que se deriva de su etapa de formación personal, es muy difícil de corregir, institucionalmente existe una corresponsabilidad, en la medida en que no están implementados mecanismos de control suficientes como para detectar, de manera temprana una desviación de recursos o una práctica discrecional del poder, o bien existen problemas en su aplicación eficaz y confiable.

En una administración pública moderna, la transparencia y la rendición de cuentas se dan por sentadas, sin embargo, no se trata de elementos retóricos o basados exclusivamente en la buena voluntad o pundonor profesional de los funcionarios; deben basarse en una estructura precisa, explicita y que opere de manera sistemática y ordenada, para vigilar el comportamiento adecuado y profesional de aquellos a los que se dota de prerrogativas, recursos y poder de ejecución para llevar a cabo tareas para la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Mientras más controles efectivos existan, mayor será la reducción del riesgo moral, entendido éste como la percepción de gozar de un amplio margen de maniobra sin que esto acarre una consecuencia severa para el infractor, llegando inclusive a la impunidad. Tanto los Órganos Internos de Control como las Entidades Fiscalizadoras Superiores, pueden combinar sus esfuerzos, intercambiar información y cerrar todas las vías para la comisión de actos fraudulentos que son muy lesivos para la sociedad.

Precisamente, uno de los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización es crear las condiciones para que todas las instancias de control tanto el que se lleva a cabo de manera interna como el ex – post puedan presentar un frente único que desaliente la comisión de conductas como el fraude, y otras vinculadas con el mal uso de los recursos públicos.