El texto resulta de mucha utilidad para quienes se interesan por el impacto de la rendición de cuentas en la administración pública; resulta legible, propositivo y con un buen nivel de profundidad en cuanto al análisis.

Uno de los principales aciertos del escrito es la propuesta de tener una visión holísitica del fenómeno del uso de los recursos públicos, que la autora presenta como la manera más idónea de entender y abordar el tema de la rendición de cuentas hacendaria.

Dentro del concepto de recursos públicos creo que valdría la pena incluir al capital humano dentro del servicio público. Esto se vincula de manera indirecta con los temas hacendarios pero no deja de ser trascendente. Un funcionario que no está debidamente sensibilizado respecto a la utilidad de los indicadores, las nociones básicas de finanzas, contabilidad y control, en su práctica diaria, no podrá ser un agente de cambio en el esfuerzo de mejorar la rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno.

Suscribo la idea expresada en el texto de que las distintas etapas del ciclo administrativo no deben verse como eventos o hechos desvinculados. Este problema se refleja en la manera en cómo distintos actores – ejecutores del gasto, legisladores, medios de comunicación y ciudadanía- perciben a la fiscalización superior.

Tal como lo menciona Aimeé, la rendición de cuentas no constituyó una moda pasajera para el gobierno o la sociedad mexicanos. Sin embargo, hay que estar conscientes que estos esfuerzos deben ser de largo plazo y que la naturaleza propia de los entes que se vinculan con la administración no es una constante sino que tiene que ser analizada en su rango de intereses. Estos elementos deben ser integrados como parte de cualquier propuesta que quiera mejorar las cosas. Hay condiciones dadas que son difícilmente alterables.

Coincidimos en que, pese a avances innegables en materia de transparencia y rendición de cuentas, existen defectos sistémicos en la administración pública mexicana; sin embargo, también advertimos que la existencia de una normativa específica y de aplicación obligatoria y general, no ha resultado suficientes, sobre todo en términos de armonización entre todas las partes del sistema.

Es cierto que uno de los retos más complejos para encontrar una fórmula que permita un mejor ejercicio de la rendición de cuentas lo constituye lograr una armonización de normas y prácticas gubernamentales en los tres órdenes de gobierno. El federalismo mexicano es muy complejo por la diversidad y los distintos grados de desarrollo de sus partes: las soluciones deben tomar en cuenta esta variable.

Creo que estamos ante una situación compleja: la existencia de normas específicas y la generación de información no necesariamente implica una mejor rendición de cuentas.

El administrador público en México no ha logrado incorporar totalmente en su praxis los hábitos de aceptar la supervisión externa, adoptar medidas de control por sí mismo, definir indicadores que permitan detectar avances, desviaciones o retrocesos en el cumplimiento de metas, vincular la aplicación de recursos presupuestales a alcanzar los objetivos de la planeación, basarse en los resultados más que en el proceso o justificar sólidamente su actuación. Esta situación, en efecto, se hace más patente conforme se pasa del orden federal al estatal y al municipal.

El núcleo de la argumentación del texto está en línea con las conclusiones de la RRC: la necesidad de hacer converger una serie de esfuerzos unilaterales y aislados en un sistema ordenado en el que la retroalimentación entre los elementos sea continua y constituya la base de la acción del siguiente actor en el ciclo administrativo; contamos con las piezas, pero hasta ahora continuamos en la búsqueda de un modelo que las incluya a todas de manera armónica y ordenada.

Existen distintas razones por lo que esto no ha podido ser alcanzado; hay que tomar en cuenta que el surgimiento de herramientas e instituciones orientadas a la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos son de reciente data y han obedecido a las fluctuaciones en la voluntad política de quienes pueden definir el rumbo de la cosa pública en nuestro país y en las posibilidades reales de generar coyunturas favorables a revertir usos e inercias muy arraigados.

La autora propone un modelo cíclico en el que participan todos los actores involucrados en la administración pública, destacando la importancia que tiene el uso de indicadores y la evaluación del desempeño, la necesidad de hacer obligatorio el uso de los insumos que proporciona la fiscalización superior, la necesidad de armonizar la normativa, inclusive a nivel constitucional, aplicable a estos procesos y lo inaplazable de coordinar a los tres órdenes de gobierno respecto a estas actividades, integrando un Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos.

Esta propuesta de Aimée, siendo ambiciosa, es para mí la versión evolucionada de lo que el Sistema Nacional de Fiscalización podría alcanzar con el tiempo; creo que no sería lo más indicado, en términos operativos, luchar contra la atomización de estas acciones abriendo un nuevo frente que podría disolver los esfuerzos hasta ahora realizados.

En la ASF hemos hecho conciencia de la necesidad de coordinar esfuerzos para presentar un frente unido en el que participen todas las instituciones vinculadas con el control, tanto el que se lleva a cabo al interior de los entes fiscalizados como el externo, que desarrolla nuestra institución y las EFS estatales.

La propuesta del Sistema Nacional de Fiscalización, pese a sus visibles bondades, ha requerido un esfuerzo considerable para acercar instituciones similares. El modelo propuesto por el texto en mucho más ambicioso, en tanto que vincula en el ciclo financiero y rendición de cuentas hacendaria, a partir de los paquetes evaluativos presupuestarios, a los poderes ejecutivo y legislativo en los ámbitos municipal, estatal y federal, que operan bajo criterios distintos, con agendas y motivaciones independientes y que actuarían, en principio, ateniéndose estrictamente a elementos técnicos.

Coincido en que sería altamente favorable que esta motivación pudiera ser la base de la acción de los distintos agentes, pero considero que deben incluirse en un modelo que abarca tal diversidad de participantes, una como variable ineluctable en la realidad, la naturaleza política de los actores. Aún los resultados técnicos de la fiscalización superior, que son de índole técnica, se mueven en una arena política cuando son utilizados por los legisladores para tomar decisiones en materia presupuestaria. La definición misma de un presupuesto implica una serie de negociaciones y decisiones de carácter político, que seguirán existiendo y teniendo un peso específico en la toma de decisiones.

A lo largo del texto constatamos con satisfacción la confianza que la autora manifiesta en las capacidades de la ASF, hasta el grado de plantear que lleve a cabo una misión de “ojo vigilante” dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; sin embargo creo que no debemos perder de vista que el concepto mismo de fiscalización externa presupone una distancia real entre el auditor y el proceso auditado, a riesgo de comprometer su independencia y credibilidad. No considero conveniente el establecimiento de un rol de parternariado entre el auditor y el ejecutor del gasto.

Tal vez el único punto en el que discrepo de lo expresado por la autora, es respecto a la relevancia que se le da en este modelo al dictamen de la Cuenta Pública que lleva a cabo la Cámara de Diputados. No debemos perder de vista que se trata de un acto político que, indebidamente, se asocia, de manera exclusiva, con la gestión del Presidente de la República en turno, en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo Federal. La Cuenta Pública abarca también a estados y municipios, y a ellos se debería hacer extensiva la responsabilidad incurrida en el caso de un dictamen negativo. No negamos el valor que tiene este acto de la Cámara de Diputados, pero no debemos despojarlo de su esencia.

Sin duda, es indispensable iniciar con la ruptura de inercias de carácter administrativo, dar mayor coherencia a las modificaciones constitucionales, incrementar la coordinación y la colaboración ordenada y sistémica de los distintos actores, crear subsistemas y sistemas que permitan una mayor integración y armonía de las partes; sin embargo, resulta necesario incluir, como elementos de dicho sistema, variables que tienen una existencia real porque son inherentes a la naturaleza de sus partes.