El resultado de la elección representa una acumulación de poder que no se registraba desde hace treinta años. Eran tiempos del PRI de carro completo.

El triunfo avasallador de Morena en la presidencia de la República, en siete gubernaturas, la probable mayoría calificada en la Cámara de Diputados así como en el Senado, colocan a nuestra democracia en estado de coma. El resultado de la elección representa una acumulación de poder que no se registraba desde hace treinta años. Eran tiempos del PRI de carro completo que le daba migajas a los partidos de oposición. Tanto así que en la elección de 1982 el candidato José López Portillo fue el único contendiente.

No hay duda, la mayoría de la población votó por la continuidad y el reforzamiento de la llamada cuarta transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador en 2018. Votó por sus mismas políticas de seguridad, económica, energética, educativa y de salud, de cambio climático y sobre todo de gobernanza, de fuerte concentración de poder, militarización y cercanía con el crimen organizado. De manera concreta, este triunfo de Morena tiene un propósito: concentrar el poder para ‘transformar’ desde arriba. Nos lo avisó López Obrador en febrero y lo ratificó Claudia Sheinbaum al anunciar que su misión sería construir el segundo piso de la 4T. Lo volvió a ratificar en su discurso al conocer los resultados electorales.

Sergio López Ayllón, uno de los juristas más reconocidos en México, desmenuzó hace algunas semanas esas iniciativas de reformas constitucionales en varias columnas periodísticas en Milenio. Si el árbitro electoral le otorga la mayoría calificada a la coalición de Morena como es previsible, el propio presidente López Obrador podrá llevarlas a cabo en el mes de septiembre antes de dejar el poder. En síntesis, estas reformas consisten en lo siguiente:

•Eliminar la representación de diputados y senadores plurinominales en el Congreso, de modo que el partido dominante tendrá todavía mayor concentración de poder y poco espacio para los partidos minoritarios. También se transformará al INE al elegir a sus consejeros por voto popular.

•Eliminar, sin reparar en la utilidad, análisis costo-beneficio o desempeño, varios órganos constitucionales autónomos que representan diques a los abusos del poder político, para regresar esas atribuciones al Ejecutivo, como era en la época del PRI. Los órganos que se plantea eliminar son la Cofece, el Ifetel, el INAI, el Coneval y los dos reguladores en materia energética: la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El objetivo es evidente: regresar al Ejecutivo facultades que podrá ejercer discrecionalmente y sin contrapesos para concentrar aún más el poder.

•Refundar los 33 poderes judiciales, mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte para que el poder político los controle; eliminar las suspensiones de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, o limitar nuestro derecho al amparo por abusos de poder. Y como cereza del pastel, erigir un Tribunal de Disciplina Judicial, órgano de control de los jueces, cuyas decisiones serán inatacables. Como señala López Ayllón, “si esta reforma se aprobara en sus términos, podemos despedirnos de la independencia judicial y pasar a la etapa de la justicia popular”.

•Consolidar la militarización del país, no solo en cuestiones de seguridad interna, sino también la presencia de las Fuerzas Armadas en las aduanas, puertos, aeropuertos, migración, entre otras. Pero sobre todo, la Guardia Nacional, ya legalmente militarizada, podrá realizar actividades de investigación de delito, lo que modifica radicalmente el proceso penal y la relación entre el poder civil y militar. De ese tamaño es el cambio de régimen.

Esto votó la mayoría de mexicanos el domingo pasado. Votó por eliminar nuestra incipiente democracia liberal para otorgarle todo el poder a una sola persona, sin contrapesos y sin instrumentos de contención del poder. A los mercados no les gustó, pero parecen haber optado por una actitud de no tomar medidas precipitadas, aunque se conoce que a los inversionistas les gustan los países con Estado de derecho sólido. La revisión del T-MEC viene en 2026. A ver cómo nos va.

Los cambios vienen y van a llegar muy pronto, independientemente de si Morena tiene o no la mayoría calificada en el Congreso para aprobar cambios constitucionales. Podrá aprobar muchas reformas por mayoría simple, pues el 1 de diciembre habrá un nuevo ministro de la Corte que sustituya a Luis María Aguilar al concluir su periodo. Con otro nombramiento de la 4T, la Corte no tendrá los votos necesarios para declarar una ley inconstitucional, y los cambios realizados, esencialmente, entrarán en vigor.

Así, nuestra emergente democracia de los últimos treinta años entró en estado de coma, con sus signos vitales visiblemente debilitados, sin posibilidad de reanimarla y con los días contados. Ahora sí, Morena va a consolidar el cambio de régimen.

Fuente: El Financiero