A raíz de las distintas reformas al sistema de salud, no es posible conocer la totalidad de recursos que se asignan para aborto seguro. No hay información de los recursos asignados por el IMSS-BIENESTAR, antes INSABI, y desde 2023 tampoco de los provenientes del Ramo 33. Del Ramo 12 hay información, pero es insuficiente.
El pasado 25 de abril celebramos con mucha emoción que Jalisco se convirtió en el treceavo estado en donde se despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. 1 Este es un gran empuje para su avance en todo el país, ya que en más de la mitad de las entidades aún está pendiente. En la lucha por la despenalización ha sido clave la movilización social y exigencia de organizaciones feministas y del grupo amplio de mujeres y personas gestantes que han llevado litigios y demandado reformas legislativas a nivel local. Los fallos históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han ampliado este derecho, por ejemplo, declarando inconstitucional la criminalización absoluta del aborto o invalidando constituciones locales que protegían el derecho a la vida desde la concepción. Y en 2022, la Secretaría de Salud (SSA) Federal emitió el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México (en adelante Lineamiento), que establece los criterios básicos para su atención con una perspectiva de género y derechos humanos.
Aun así, persisten varios desafíos para materializarlo, entre ellos:
Presupuesto poco transparente e insuficiente
La asignación de recursos suficientes y progresivos es indispensable para implementar los estándares establecidos en el Lineamiento, como garantizar un trato digno, el acceso a información confiable y veraz, el respeto a la privacidad y confidencialidad, profesionales de la salud sensibilizados y capacitados para realizar los dos métodos de interrupción seguros, a saber, aquellos con medicamentos como misoprostol y mifepristona y aquellos con Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
Adicionalmente, en 2020, la política pública de salud sexual y reproductiva, dirigida a más de 34 millones de mujeres y personas gestantes en mayor situación de vulnerabilidad, incluyó por primera vez un componente de aborto seguro, lo que debería permitir dar seguimiento a los recursos que se le asignen y a su implementación.
No obstante, a raíz de las distintas reformas al sistema de salud, no es posible conocer la totalidad de recursos que se asignan para aborto seguro. El componente de aborto seguro se financia con recursos de tres bolsas: el Ramo 12, el Ramo 33 y los recursos provenientes del IMSS-BIENESTAR, antes INSABI. Al analizar el presupuesto hallamos que desde 2021 no hay información de los recursos asignados por el IMSS-BIENESTAR, antes INSABI, y desde 2023 tampoco de los provenientes del Ramo 33, lo que representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas que puede generar opacidad y favorecer actos de corrupción. Por otro lado, observamos que los recursos aprobados y transferidos a los estados por el Ramo 12, del que sí se puede obtener información, son insuficientes. Como muestra la gráfica: en 2020, la SSA aprobó y transfirió a las entidades federativas apenas 11 millones de pesos (mdp) para el componente de aborto seguro. Para 2022 esta cifra había aumentado a 52 mdp; sin embargo, sigue siendo limitada a la luz del número de estados que han despenalizado el aborto voluntario y a la magnitud del desafío que implica contar con servicios accesibles para todas las mujeres y personas gestantes, sobre todo aquellas en mayor situación de vulnerabilidad.
Además, como la gráfica muestra, en el periodo 2020-2022, el presupuesto ejercido por los estados fue mucho menor de lo que se aprobó. Por ejemplo, en 2021, las entidades federativas sólo ejercieron 25 mdp de los 37 mdp que se habían aprobado, es decir dejaron de gastar 38 % de los recursos aprobados. Y la SSA no ha explicado o brindado información sobre las causas del subejercicio para comprender si las entidades dejaron de gastar porque la federación les recortó los recursos, porque se los transfirió de manera tardía o porque éstas los subejercieron.
Estos subejercicios son una práctica frecuente en la política de SSyR y tienen impactos. Ejemplo de ello es el caso de Hidalgo, que en 2020 recibió 356 mil pesos del Ramo 12 para el aborto seguro, y para 2022 -cuando ya se había despenalizado el aborto voluntario en la entidad- éstos se incrementaron a 1.8 mdp. Sin embargo, el estado sólo ejerció para ese año 627 mil pesos, es decir, gastó sólo el 34 % de los 1.8 mdp que tenía aprobados. El subejercicio puede afectar la operación y la calidad de atención de los 17 Servicios de Aborto Seguro que están distribuidos en este estado y a los que acceden las mujeres y personas gestantes.
Implementación y seguimiento adecuado del Lineamiento
Otro reto es que los estándares de atención establecidos en el Lineamiento aún no se implementan a cabalidad en las entidades federativas. Por ejemplo, los Servicios de Aborto Seguro (SAS), que son los establecimientos que cuentan con personal sensibilizado y con insumos para practicar un aborto seguro, siguen siendo insuficientes, ya que en el país existen sólo 125 SAS. El impacto de este bajo número puede observarse en algunos estados territorialmente extensos como Baja California Sur y Sinaloa donde ya se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas, pero que sólo tienen dos y tres SAS respectivamente, lo que genera una barrera para el acceso de las mujeres y personas gestantes de zonas alejadas de estos servicios.
A la insuficiencia de SAS, se suma que se siguen realizando procedimientos para el aborto que son invasivos y generan mayores riesgos de complicaciones para las mujeres y personas gestantes. Entre 2021 y agosto de 2023, 56 % de los abortos que se hicieron en las primeras 12 semanas de gestación se realizaron mediante un legrado uterino instrumental (LIU), un procedimiento que tanto el Lineamiento, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado como obsoleto. En contraste, sólo 31 % de los abortos se hicieron mediante el uso de AMEU y 3 % mediante medicamentos.
Por ello y en el marco de Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el próximo 28 de mayo, recordamos que es imprescindible que las distintas instituciones de salud encargadas de garantizar el aborto voluntario y seguro:
1. Realicen mayores esfuerzos de sensibilización y capacitación del personal respecto a los métodos de aborto seguro contemplados en el Lineamiento, así como que garanticen que las unidades de salud que brindan este servicio cuenten con los recursos e insumos necesarios para realizarlo.
2. Asignen mayores recursos que garanticen que los servicios de salud cuenten con la infraestructura, personal, insumos y medicamentos necesarios para que las mujeres y personas gestantes puedan acceder a un aborto seguro de manera efectiva y con los estándares que establece el Lineamiento.
3. Eviten los subejercicios de los recursos del Ramo 12, de manera se haga el máximo uso de los recursos disponibles, y rindan cuentas de las razones de los subejercicios y de sus impactos en los derechos de las mujeres y personas gestantes.
4. Transparenten de forma accesible y oportuna los recursos que cada institución destina para operar el componente de aborto seguro, de manera que podamos conocer la totalidad de estos y valorar si fueron suficientes y cómo se utilizaron. La transparencia es un pilar indispensable de la rendición de cuentas.
Si no se implementan estas acciones, el camino para garantizar de manera efectiva el derecho a decidir y a un aborto seguro seguirá siendo largo.
* Janet Oropeza y Matilde Pérez son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
1 Las otras entidades donde se ha despenalizado el aborto son la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes.
Fuente: Animal Político
