En el marco de la Reunión Nacional de Consejos Regionales de BBVA, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez rechazaron que sea necesaria una reforma fiscal.
El pasado 4 de enero titulé esta columna: “La palabra maldita: reforma fiscal”.
El 2 de abril volví a escribir sobre el tema en un texto que encabecé: “La palabra maldita (2)”.
El sentido de ambos textos era señalar que en enero las aspirantes y en abril, ya las candidatas a la presidencia de la República descartaban por entero de su ideario y de su léxico cualquier reforma fiscal.
Pues hoy, que estamos a 8 de mayo, a 22 días de que terminen las campañas electorales, le reitero que si hay una coincidencia entra las candidatas de Morena y del frente opositor es que ninguna quiere una reforma fiscal.
En entrevistas realizadas por este columnista en el marco de la Reunión Nacional de Consejos Regionales de BBVA, ambas rechazaron que sea necesaria tal reforma.
El lunes, Claudia Sheinbaum explicó el potencial que podría tener la combinación de la digitalización y la simplificación en materia tributaria. Además de señalar la posibilidad de más recaudación proveniente de las aduanas.
Ayer, Xóchitl Gálvez se concentró en el tema del gasto e hizo un recuento de las erogaciones, a su juicio evitables, que se han hecho en los megaproyectos o bien del combate al robo de combustible, y señaló que una mejor gestión del gasto permitiría reducir las necesidades de ingresos y aun así quedaría para eliminar el ISR para quienes tienen ingresos inferiores a los 15 mil pesos.
No estoy seguro de que ninguna de las dos fórmulas propuestas vaya a ser suficiente para sufragar los gastos requeridos para los proyectos e iniciativas que proponen.
Pero incluso concediendo que pudiera ser así, eso no elimina la pertinencia de una reforma fiscal.
El objetivo de ésta no es exclusiva ni necesariamente recaudatorio. Puede estar vinculado a temas de equidad y justicia, de incentivos a la inversión o de desarrollo regional, solamente por citar algunos.
Por ejemplo, uno de los temas que son muy claros es el del impuesto predial. En México la recaudación por ese concepto es aproximadamente de 0.2 por ciento del PIB.
En países desarrollados llega al 2 por ciento, 10 veces más en términos relativos.
Y aquí el problema es que tenemos un gigantesco rezago en los padrones de la propiedad raíz, los catastros. Habría que hacer un gigantesco esfuerzo para modernizar los registros primero y sobre esa base poder cobrar.
Pero, también es indudable que tenemos un enorme problema de elusión fiscal.
Se redujo, en alguna medida, a través de la regulación del outsourcing, pero sigue siendo enorme.
Y no se diga respecto al muy limitado éxito de los esquemas para tratar de formalizar fiscalmente a los informales. Se requiere mayor creatividad, audacia y el uso de la tecnología.
Se dice que, aunque el presidente López Obrador no propuso ninguna reforma fiscal, fue muy exitoso en los resultados de la recaudación.
No cabe duda de que hay áreas en las que sí hubo éxito.
Pero si vemos el gran agregado, es decir, los ingresos tributarios del gobierno federal como proporción del PIB, el incremento no fue precisamente espectacular.
En 2018 representaban el 12.7 por ciento del PIB y al cierre de 2023 habían alcanzado el 14.2 por ciento.
Esto significa un alza de 1.5 puntos porcentuales del PIB en cinco años, un promedio de 0.3 puntos del PIB cada año.
Nada mal, pero insuficiente para compensar las presiones derivadas del gasto.
Como le he comentado en este espacio desde hace ya mucho tiempo, el estigma que se cierne sobre la reforma fiscal la excluye de todas las campañas.
Pero, sigo creyendo que la realidad nos alcanzó y que antes de que se erosione el capital político del nuevo gobierno, se pondrán a discusión cambios fiscales indispensables para darle viabilidad al país.
Fuente: El Financiero
