El debate de las pensiones está lejos de haber terminado porque demandará en los próximos años al país una creciente proporción de los recursos públicos disponibles.
Más allá de ‘manos negras’ en dictámenes y de presuntas campañas de desinformación, para entender mejor el presente hay que contar la historia del tema de las pensiones desde el principio.
En la década de los 90 en el siglo pasado hubo conciencia de que era necesaria una reforma a los sistemas de retiro en México.
La razón es que el porcentaje de personas mayores de 60 años en nuestro país estaba creciendo y al paso del tiempo iba a representar una proporción cada vez mayor del total, lo que conduciría a problemas crecientes para financiarlas.
En 1960 solo el 5.6 por ciento de la población tenía más de 60 años; para el año 2000, era el 7.3 por ciento y para el 2020 era el 12 por ciento y esa cifra seguiría creciendo rápidamente.
El crecimiento de la proporción de personas en edad de jubilarse iba a hacer insostenible la permanencia de esquemas de pensión de beneficio definido, es decir, donde los montos de las jubilaciones se establecen independientemente del monto que se haya ahorrado.
Aunque se hizo una primera reforma en el año 1992 para crear el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la reforma más profunda la emprendió Zedillo en 1997 cuando se crearon las Afores.
Se eliminó el principio del beneficio definido y se pasó a otro basado en el ahorro individual.
El problema con las Afores es que los porcentajes de ahorro para el retiro resultaron muy pequeños, impidiendo que la gran mayoría de los trabajadores pudieran obtener, tras 25 a 30 años de contribución, montos razonables de retiro.
La llamada “tasa de reposición”, que es el porcentaje de la pensión respecto al último salario, resultaba del orden de 30 por ciento para una gran proporción de trabajadores.
Por esa razón, en este sexenio se promovió la reforma del 2020, que aumentó gradualmente la contribución patronal al ahorro para el retiro y redujo las semanas de cotización necesarias para poder jubilarse.
Después de madurar los cambios que se hicieron, hacia el final de esta década, la tasa de reposición será superior al 70 por ciento en el promedio y estará en los estándares internacionales.
En el camino, sin embargo, habrá quienes cumplan con las condiciones para jubilarse y hayan empezado a cotizar a partir de julio de 1997, por lo que tendrán cerca de 27 años de contribuciones en este momento… y reciban una pensión raquítica.
Un segmento importante de estos trabajadores que comience a retirarse bajo el esquema de la Ley de 1997 seguirá con tasas de reemplazo muy bajas en los próximos años.
La polémica reforma que está en debate en la Cámara de Diputados para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar es una de las respuestas para mejorar las condiciones de retiro de quienes vayan a retirarse en los siguientes meses y años.
La gran discusión que hay es por una de las principales fuentes de fondeo de este mecanismo: los recursos de las Afores de personas mayores a 70 en el sector privado y 75 en el sector público, que no hayan iniciado los trámites de su pensión y no estén en activo. Por lo menos es lo que decía el dictamen que conocimos.
Lamentablemente, el hecho de que se haya previsto una aprobación fast track impidió una discusión seria y profunda del tema, un tema que, por cierto, es pertinente y amerita una respuesta.
El fondo planteado no tiene recursos suficientes para resolver la problemática de una gran cantidad de personas que comenzarán a retirarse, sin tener la opción de hacerlo bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1973.
La sospecha que flota en el ambiente es que en realidad se trata de una medida electoral al legislarse a unas semanas de los comicios del 2 de junio.
El debate de las pensiones está lejos de haber terminado porque demandará en los próximos años al país una creciente proporción de los recursos públicos disponibles.
Pero, hay que discutir en serio, y no en un ambiente polarizado en el que lo que menos importa son los argumentos, y lo que realmente vale es el impacto político-electoral. Es el peor momento para hacerlo.
Fuente: El Financiero
