Enfrascados en polémicas, polarizados y en medio del proceso electoral más grande en la historia del país, los legisladores federales acumulan un rezago histórico
Diputados y senadores saldrán de vacaciones sin preocupaciones, a pesar de todo el trabajo rezagado.
Los legisladores federales terminarán el segundo, de tres meses, del último periodo ordinario de la LXV Legislatura más enfrascados en disputas y descalificaciones, como las que se vivieron la última semana, sobre todo en el Senado de la República, que con verdaderos avances en la nada menor agenda Legislativa.
Mientras en la Cámara alta se desgastó en discusiones estériles y amagues con la desaparición de poderes en entidades como Guerrero o Campeche, nombramientos pendientes como el el Tribunal Electoral o el INAI siguen quedando rezagados.
La situación no es diferente en la Cámara de Diputados, en las últimas semanas se recuerdan más algunos episodios como la protesta de la diputada trans Salma Luévano que avances o voluntad política para encarar demandas sociales como la reducción de la jornada laboral.
Ni siquiera la batería de reformas presentada por el presidente López Obrador a principios del periodo ordinario ha logrado avances reales.
Tras los “merecidos” días de descanso por la Semana Santa, a los legisladores les quedará solo un mes para tratar de lograr algún avance antes de bajar el telón de esta Legislatura, pues con el ambiente político tan tenso y en medio de un proceso electoral, que será seguido a uno de transición, luce muy complicado que se pueda llegar a acuerdos para desahogar la agenda en periodos extraordinarios.
La tarea podría quedar pendiente para la siguiente Legislatura en septiembre, con la incógnita de qué tanto cambiarán los equilibrios en ambas cámaras.
Mientras se va definiendo la conformación de ambas cámaras, se amarran nuevas alianzas o se negocian lealtades, es muy probable que muchas iniciativas no salgan a la luz, otras no se materialicen y continúe la pila de pendientes y el rezago de trabajo durante varios meses más.
Freno a reformas
A inicios de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Legislativo 20 reformas constitucionales, algunas más polémicas que otras.
Actualmente Morena y sus aliados tienen en el Senado de la República 70 escaños, el 54.7 de los disponibles, mientras que los partidos de oposición solamente 31, el 24.2 por ciento.
En la Cámara de Diputados el partido en el poder tiene 277 curules, es decir, el 55.4 por ciento de los asientos disponibles. Por su parte, el frente opositor tiene 192 asientos, el 38.4 por ciento.
Para poder materializar estas reformas, se requiere el voto a favor de dos terceras partes (mayoría calificada) de los legisladores presentes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión en el sesión del Pleno, por lo que para avalar las reformas del presidente se requiere consenso y negociación.
Debido a esta situación es que especialistas y políticos de oposición acusaron al presidente de presentar estas reformas sabiendo que serían letra muerta pero que le servirían para ganar capital político rumbo al proceso electoral más grande en la historia del país.
De acuerdo con un análisis realizado por el centro de estudios legislativos, Buró Parlamentario, el proceso legislativo de las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador toma en promedio seis meses, desde su presentación hasta la sanción ejecutiva.
Además, el estudio titulado “Las reformas de AMLO” concluye que la serie de cambios constitucionales propuestos por el Ejecutivo son solo simbólicos y siempre enfrentan resistencia legislativa y largos periodos de procesamiento. Al final, su aprobación es de tan solo el 50 por ciento.
Finalmente, Buró Parlamentario concluyó que las reformas de AMLO no son convencionales y sí focalizadas.
“AMLO ha introducido iniciativas atípicas en comparación con los últimos tres presidentes de México. Su cámara de origen predilecta es Diputados”, señalan.
Debido a esta situación es poco probable que las propuestas enviadas por López Obrador sean aprobadas en lo que resta de la actual Legislatura, cuyo último periodo ordinario de sesiones inició el jueves 1 de febrero y concluirá el 30 de abril.
Lo que le quedaría a López Obrador sería continuar con el camino que ha trazado en episodios pasados de su sexenio. Es decir, mandar nuevas iniciativas que solamente modifiquen leyes secundarias, algo para lo que sí le alcanza su presencia en ambas cámaras.
Por ejemplo, el pasado 2 de septiembre de 2022, vía fast track y sin previa dictaminación en comisiones, Morena y sus aliados del PT y del PVEM lograron aprobar varias leyes secundarias que permitían cambiarle el mando civil por militar a la Guardia Nacional. Lo mismo pasó en el Senado de la República, pero finalmente las reformas fueron invalidadas en abril del 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Trabajo a cuentagotas
Pese a tener una abultada agenda legislativa pendiente de más de 300 iniciativas, entre ellas el paquete de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y más de 20 dictámenes del Senado, los diputados federales se fueron once días de vacaciones.
Pero, además, el trabajo parlamentario se ha visto contaminado con el actual proceso electoral, lo que ha ocasionado que queden en el tintero varias iniciativas que ya se encuentran dictaminadas o que tienen consenso en todos los grupos parlamentarios, reconocen, en entrevistas por separado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Braulio López y el vicecoordinador de la bancada panista Jorge Triana Tena.
Los diputados reanudarán sus labores el 3 de abril y solo les restarían 27 días del periodo ordinario de sesiones, el último de la LXV Legislatura, para tratar de sacar el mayor número de iniciativas posibles.
Entre las iniciativas relevantes se encuentran la Ley de Aguas Nacional, la reducción de la jornada laboral, la minuta del senado para ampliar a 30 días el aguinaldo, la Ley Silla, otra más para mejorar el salario de las deportistas, así como las reformas al sistema de pensiones y que el salario mínimo sea por arriba de la inflación, propuestas por el Ejecutivo y en las que sí podría haber consenso para aprobarlas.
Jorge Triana, del PAN, reconoce que el trabajo en el recinto de San Lázaro se ha sacado a “cuentagotas”, porque hay un letargo en el trabajo legislativo.
“Nuestro último periodo de sesiones ha sido de contención totalmente y solo hemos sacado a cuentagotas algunas iniciativas, todas ellas de consenso, pero ninguna de calado hondo, que quizá tengan algún tipio de resonancia, pero hasta ahí. Tenemos un rezago enorme, son arriba de 330 iniciativas atrapadas y pendientes de dictaminación y que no se han podido procesar.
“Pero, además, está la agenda del presidente de la República que Morena ya abandonó, que al parecer ya está abandonada, esas 20 iniciativas que ni en Morena les hace caso y, sí, vamos a tener un letargo, un impasse, sobre todo ahora en Semana Santa y deberíamos apresurarnos a sacar el rezago legislativo que tenemos, independientemente de la agenda presidencial”, indica Triana Tena.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López, recuerda que se encuentra entrampada la Ley Nacional de Aguas, pese a que se trata de un tema muy importante por el alarmante problema de la sequía que se enfrenta en el país.
Por iniciativa ciudadana fue creado el “Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua” que plantea que sea aprobada una nueva Ley General de Aguas centrada en la sustentabilidad, la justicia social y la soberanía nacional con el fin de poner un alto…
“Están los diálogos de la simulación, temas que se quieren mezclar con el tema electoral a partir de las iniciativas presidenciales y temas en los que sí había avances, ahora se están deteniendo, como la reforma a las 40 horas de semana laboral, la Ley Silla, la de lactancia extendida, hay una agenda laboral muy interesante, muy seria, de derechos sociales que no se están abordando y eso es lamentable”.
Finalmente, Braulio López lamenta que se esté privilegiando las campañas electorales por encima del trabajo legislativo.
‘Ha dejado mucho que desear’
Los 128 senadores que integran la LXV Legislatura están de vacaciones, dejando atrás una estela de iniciativas y nombramientos pendientes que seguramente no se concretarán.
Para el coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería del Puerto, el saldo de la actual legislatura en el Senado es “bastante pobre”, pues muchas cosas que pudieron concretarse, simplemente no llegaron a buen puerto, “porque no hubo la voluntad de Morena y sus aliados”.
“Ha sido una legislatura que ha dejado mucho que desear, sobre todo en los últimos días en donde Morena ataca a la oposición con descalificaciones a cualquier cosa que presentamos y empiezan a hablar de cosas del pasado”.
De acuerdo con la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera se han aprobado más de 150 dictámenes y ratificado algunos nombramientos de cónsules, embajadores y más de 400 ascensos militares.
“Nos vamos con la promesa de regresar para discutir 18 iniciativas constitucionales y dos legales que el Presidente de la República ha mencionado que serán prioritarias, como la reforma electoral, la reforma al Poder Judicial, y la que permite la desaparición de organismos autónomos”.
Por su parte, la senadora priista, Claudia Anaya, considera que, entre las omisiones que ha tenido el Senado, la más grave es la falta de nombramientos, porque incluso, han tenido que intervenir autoridades judiciales ante el desacato.
“Ello significa que el Senado de la República ha renunciado a cumplir con sus funciones constitucionales de nombrar a las y los mejores perfiles para que sean los responsables de otros importantes encargos que ayudan al mejor funcionamiento de nuestra sociedad”.
La legisladora por Zacatecas, quien busca la reelección en la Cámara alta, subraya a Reporte Índigo que las consecuencias de lo anterior son el debilitamiento del sistema político electoral, el sistema anticorrupción y, en suma, el retroceso en derechos que como nación habíamos alcanzado previamente.
Uno de los temas que considera prioritarios, es el nombramiento de dos Magistrados Electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que están acéfalos desde inicios del pasado mes de noviembre.
Otros temas que Claudia Anaya considera prioritarios son los 80 nombramientos pendientes de los Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa y completar el pleno del INAI.
La agenda pendiente en el Senado se ha complicado ante la falta de acuerdos entre el grupo mayoritario representado por Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES y la oposición representada por el PAN, PRI, MC, PRD, Grupo Plural y senadores sin partido político, que incluye casi un centenar de designaciones de funcionarios públicos y de reformas definidas como prioritarias.
Fuente: Reporte Índigo