Para el entonces Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, “el acceso a la justicia resulta ilusorio cuando la defensa de los derechos por la vía judicial se halla sujeta a requisitos que la ponen fuera del alcance de las personas”. Efectivamente, la vigencia del Estado de derecho depende de la plena garantía de los derechos humanos y de los procesos jurisdiccionales para su aseguramiento, en un marco de apertura y acceso permanente. Por ello, la suma de esfuerzos institucionales, académicos y ciudadanos para el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia debe ser permanente para la salud de nuestra democracia.
En ese marco, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desarrollamos el “Observatorio de Justicia Abierta 2022: El INAI en la jurisdicción constitucional”, un estudio especializado que tuvo por objeto analizar la relación entre los órganos del Poder Judicial de la Federación y la Casa de la Transparencia. Particularmente, el modo en que nuestras resoluciones han sido confirmadas, revocadas o reforzadas, desde su origen como órgano constitucional autónomo.
Este observatorio que presentamos el pasado lunes 11 de marzo en la UDLAP nos permite analizar la evolución de los criterios de los órganos del Poder Judicial de la Federación -con excepción del Tribunal Electoral- en materia de acceso a la información, así como contar con datos estadísticos sobre los diversos sentidos de los juicios constitucionales de los que el INAI ha sido parte.
Lo anterior, es fundamental: pues sólo cuando hay verdadera transparencia, propia de la independencia judicial, la ciudadanía puede confiar en una tutela judicial efectiva. Más aún, cuando pueden observar la forma en que las personas juzgadoras garantizan los derechos y establecen límites al poder por medio de sus resoluciones. Por ello, debe decirse que en un Estado constitucional, la garantía plena del derecho de acceso a la justicia es inescindible del derecho de acceso a la información.
Este proyecto que consideró más de 360 resoluciones como muestra, nos brinda la posibilidad de conocer el papel fundamental del INAI como uno de los garantes del funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, así como un órgano constitucional autónomo que genera posibilidades para la uniformidad de criterios en las entidades federativas; y que maximiza la apertura de las decisiones públicas en favor de las y los ciudadanos.
Los resultados de este estudio nos reafirman que los derechos que tutela el INAI son inseparables de toda política pública que defienda la justicia abierta, pues no puede haber debido proceso legal sin transparencia, ni tutela judicial efectiva sin publicidad. Más aún, no hay rendición de cuentas si las resoluciones no pueden leerse, ni comprenderse por todas y todos sus destinatarios. Por eso, este observatorio es una gran aportación académica y ciudadana que permite acercarnos al trabajo de nuestras juezas, jueces y tribunales, así como al papel crucial que ha desarrollado el INAI en la democracia mexicana.
Les invito a consultar los resultados, que se encuentran disponibles para consulta gratuita en: https://lc.cx/3MJM2O.
Fuente: El Sol de México