A tan solo 24 horas del inicio formal de las campañas electorales que culminarán en el proceso más complejo de la historia reciente, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión están vulneradas.
El informe sobre “Violencia contra la prensa en México 2023”, presentado el día de ayer por la organización Articulo 19, da cuenta de cómo frente a revelaciones de información, los funcionarios públicos responden no con la verdad, ni evidencia y menos con responsabilidad pública sino con estigmatización desde la tribuna pública o con procesos de acoso judicial que suelen ser largos y generan elevados costos emocionales y económicos a los periodistas. A la prensa se le busca silenciar con plata, plomo o expediente judicial.
Por la mediatización de los casos, esta modalidad se hizo conocida durante el sexenio anterior, cuando el presidente de MVS Comunicaciones demandó por daño moral a la periodista Carmen Aristegui y a la editorial Penguin Random House, luego de la publicación en forma de libro de la investigación sobre la Casa Blanca o el conflicto de interés entre el entonces presidente Peña Nieto y uno de sus contratistas consuetudinarios. En el mismo año, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, demandó por daño moral al académico Sergio Aguayo, tras la publicación de una columna de opinión en la que cuestionó la honestidad de este personaje. Casualmente, la demanda se presentó unos meses antes de que se conociera la impactante investigación del Colegio de México sobre la masacre de más de 300 personas en el municipio de Allende, Coahuila. El exgobernador pedía entonces una indemnización por 10 millones de pesos. Sin embargo, dos años despuñes, un juez terminó por darle la razón a Aguayo. Lejos de ser la excepción, casos como el que ahora enfrenta el periodista Carlos Loret, se han hecho frecuentes. Artículo 19 documentó en su informe que solo en 2023 se iniciaron 22 procesos judiciales contra periodistas en los ámbitos administrativos, civiles, electorales y penales. Curiosamente, los temas que más detonaron actos de intimidación -más no procedimientos e investigaciones en tribunales y fiscalías- son los vinculados a actos de corrupción y política.
La evidencia es preocupante: cada 16 horas se agrede a un profesional de la información en el ejercicio de su labor periodística. El año pasado se registraron 561 amenazas en casi todo el país, cifra superior a las registradas durante el quinto año de los dos sexenios anteriores. Las agresiones incluyen: actos de intimidación y hostigamiento en la esfera física y digital; uso ilegítimo del poder público a través de la estigmatización-; desapariciones, vulneración de la privacidad a través de la revelación de información sin consentimiento y asesinatos.
En lo que va de la presente administración, 43 periodistas han perdido la vida sin que haya mayores consecuencias contra los perpetradores.
La situación que vive la prensa nos vulnera a todos. En entidades federativas, frente a la violencia y la disputa por el poder, prevalecen zonas de silencio, es decir, hechos que se dejan de investigar porque va la vida de por medio. Los principales agresores son los funcionarios públicos que actúan como el combustible de la propagación del odio y la violencia. Esto nos recuerda lo que decía Hannah Arendt a propósito de la distinción entre lo público y lo privado: “hay cosas que requieren ocultarse y otras que necesitan exhibirse públicamente para que puedan existir” y la corrupción forma parte de ellas.
Fuente: El Universal
