Que solo las mayorías cuenten y las minorías salgan sobrando.

Las cuotas de representación proporcional en las cámaras del Congreso de la Unión (las 200 diputaciones y las 32 senadurías electas mediante este principio), son una de las principales conquistas de nuestro proceso de transición a la democracia.

La anterior es, paradójicamente una afirmación que suele ir en contra de la opinión generalizada de la población que se ha alimentado de una campaña y un discurso en contra de esa figura alimentados y promovidos por los gobiernos democráticamente electos, y que en su momento se beneficiaron de la representación proporcional, del PAN primero, del PRI después, y de Morena actualmente. En eso —y en muchas otras cosas, por cierto— no han sido distintos, sino todo lo contrario.

La introducción de las primeras diputaciones de representación proporcional (RP) fue una de las principales aportaciones de la reforma política de 1977 que planteó que 300 diputaciones serían electas por el principio de mayoría relativa (el candidato ganador en cada distrito electoral se lleva el cargo) y 100 más mediante ese hasta entonces inédito (en nuestro país) mecanismo de elección (que implica que se le asigna a cada partido un número de escaños equivalente a la proporción de votos que haya recibido en las elecciones). En 1986 el número de diputaciones de RP creció a 200, llegando a los números que actualmente prevalecen en la integración de la Cámara de Diputados.

Por su parte, en el Senado de la República, después de una serie de cambios en su composición, en 1996 se definió su integración actual: en cada entidad federativa se eligen 3 senadurías, dos las obtiene el partido que más votos reciba, otra más el partido que alcanza el segundo lugar de votación, para un total de 96 legisladores, más otros 32 que son electos mediante el sistema de RP a partir de listas nacionales de candidatos que son presentados por cada partido político.

La RP ha tenido y sigue teniendo dos efectos benéficos para nuestro sistema electoral. En primer lugar, porque permite la representación de aquellos partidos políticos minoritarios que, a pesar de no ser una mayoría, reciben el respaldo electoral de una parte de la ciudadanía que en todo caso resulta relevante. Esto ha permitido que no sólo las mayorías (es decir los partidos que cuentan con estructuras políticas y un peso electoral, tanto nacional como regionalmente, que les permite ganar elecciones a nivel estatal o distrital), sino que también las minorías que logren superar un umbral mínimo de votación (el 3%) tengan presencia en los espacios de representación política (las cámaras del Congreso). Ello ha permitido que la pluralidad política e ideológica de sociedades complejas como la mexicana haya podido expresarse en esas instancias de decisión colectiva.

Por otro lado, la RP también permite compensar las distorsiones que, en términos de sobre-subrepresentación, inevitablemente provoca el sistema de mayoría relativa, pues permite que aquellos votos que no fueron tomados en cuenta porque se emitieron en favor de los partidos cuyas candidaturas no ganaron esas elecciones, sean en todo caso contabilizados para poder determinar el peso electoral de cada partido y, por lo tanto para calcular cuántas diputaciones o senadurías de RP le corresponde a cada uno de ellos. Es decir, la RP es una garantía de que todos los votos sean tomados en cuenta para efectos de ser representados tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y de que, en consecuencia, tanto las mayorías como las minorías del momento tendrán presencia en dichos órganos.

Por eso resulta inaceptable la propuesta de desaparecer las diputaciones y senadurías de RP que el 5 de febrero pasado presentó el presidente López Obrador; y lo es del mismo modo que, en su momento, lo fueron las propuestas que, durante los gobiernos pasados, tanto del PAN como del PRI, se plantearon para reducir o eliminar dicha figura. Resulta inaceptable no sólo por la regresión democrática que supondría, pues implica desandar el camino que se ha transitado durante más de cuatro décadas para democratizar el país, sino porque además es la expresión patente de un proyecto autoritario que busca hacer del país un espacio en el que solo las mayorías cuentan y en donde las minorías salen sobrando.

Fuente: El Universal