Estos impactos negativos también alcanzarían a la transparencia, un incremento en la opacidad de recursos
Hace unos días Integralia Consultores publicó un reporte donde advierte los riesgos políticos que podría enfrentar nuestro país en 2024. Estos impactos negativos también alcanzarían a la transparencia: un incremento de la opacidad en el uso de recursos públicos.
De acuerdo con el reporte “Diez riesgos políticos para 2024” de la consultora dirigida por el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos de escenarios probables en la política nacional, el proceso electoral de este año es el punto en común de la mayoría de los riesgos que señala el documento.
Integralia define el 2024 como “un año de riesgo político alto”. Los escenarios se midieron por su nivel de impacto y su probabilidad de ocurrencia. El más preocupante se refiere a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cabe mencionar que fue precisamente la Corte la que resolvió que el Pleno del INAI debería de seguir operando ante la falta de tres Comisionados por omisión en su nombramiento por parte del Senado de la República. El riesgo que advierte Integralia es que, en noviembre, al concluir el periodo del ministro Luis María Aguilar, se consolidaría la “captura” del Máximo Tribunal pues la persona sucesora podría ser nombrada por el partido mayoritario.
En materia de rendición de cuentas se pronostica un riesgo con nivel de impacto medio y probabilidad alta al existir un aumento de casos de corrupción, opacidad de información y la impunidad en el desvío de recursos públicos con fines electorales.
El escenario de deshonestidad se enmarca en los datos revelados por Transparencia Internacional sobre México: la percepción de corrupción en el país ha aumentado en los últimos cinco años y se mantiene en 31 puntos en una escala donde 100 representa el nivel más bajo de corrupción.
Finalmente, el análisis muestra una evolución de 2018 a 2023 con base en seis factores (concentración de poder; ineficiencia gubernamental; incertidumbre jurídica; inseguridad pública; conflictividad social; y deterioro económico) donde se pronostica que cuatro de ellos tenderán a incrementar y dos de ellos pasarán a nivel muy alto.
Si bien este estudio se basa en proyecciones que considero relevantes para vislumbrar posibles escenarios de política, es cierto que con una intensa y continua difusión sobre el derecho a saber y la protección de los datos personales durante el proceso electoral podemos ayudar a las y los votantes a tomar decisiones informadas y a proteger su privacidad. Hoy más que nunca y ante la idea que pretende debilitar los órganos autónomos, debemos generar conciencia social sobre la utilidad y el valor que representan los equilibrios en las democracias modernas.
Fuente: Heraldo
