Sin periodo extraordinario de sesiones a la vista y aún en receso, en el Senado se acumulan decenas de designaciones, mientras órganos autónomos y tribunales electorales siguen incompletos.
Las designaciones pendientes de concretar por el Senado de la República se incrementaron en diciembre y ya se contabilizan 43 sólo en materia electoral, más 71 en materia administrativa y una decena más en diversos organismos judiciales o autónomos.
Desde octubre de 2021, prácticamente el inicio de la 65 Legislatura y durante la 66, el Senado ha postergado la toma de decisiones para completar a diversas instituciones. En los hechos, sólo ha aprobado dar trámite a los cargos que son prioridades presidenciales sobre todo al designar cargos diplomáticos y algunos de estos han recaído en expriístas recompensados como embajadores y cónsules.
En contraste, se mantienen incompletos al menos cuatro organismos autónomos que requieren 10 nombramientos.
Esto ocurre por omisión o incluso por “recomendación” del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el pasado 14 de abril admitió que su postura es mantener inoperantes algunas instancias que hacen contrapeso al Ejecutivo, como la de transparencia, con el argumento de que “da igual que exista o no exista el INAI, sería mejor que no existiera”, dijo ese día.
En ese caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), este tiene tres vacantes, dos desde abril de 2022 y la tercera desde ese mismo mes pero de 2023.
El Senado ha sometido a votación los nombres para designar dos de esas vacantes –una está detenida en lo que se resuelve un amparo- pero dos personas que habían sido nombradas fueron vetadas por el presidente.
Después de eso, los senadores han impedido intencionalmente que se concreten esas designaciones, pese a órdenes de jueces e incluso del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Otro caso es el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que desde febrero de 2020 sesiona sin tres de sus siete comisionados integrantes –entre ellos el comisionado presidente–, aunque ello se debe a la omisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en mandar sus propuestas al Senado; la designación está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se promovió una controversia constitucional que obligue al envío de propuestas presidenciales.
Contrario a esos dos casos, para la Comisión Federal de Competencia (Cofece) sí se lograron dos nombramientos –el 3 de febrero de 2020–, tras sesionar más de un año de forma incompleta; la decisión se tomó por orden de la SCJN, misma que, al resolver una controversia, ordenó al Ejecutivo remitir al Senado a dos propuestas de comisionados.
El argumento presidencial para no presentar propuestas de comisionados del IFT ante el Senado –al igual que lo arguyó en el caso de Cofece- fue que las ternas propuestas por el Comité de Evaluación encargado de la valoración de los aspirantes carecían de validez.
Esto porque, expuso el presidente, fueron emitidas por dos de las tres instituciones que forman ese Comité, integrado por el Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto de Evaluación Educativa, pero éste fue extinguido como parte de la contrarreforma educativa, el 30 de septiembre de 2019.
Otra institución incompleta es la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). En marzo pasado, el pleno del Senado eligió a un integrante pero aún falta por asignar a tres comisionados, dos vacantes desde 2019 y uno desde 2020.
En septiembre, el Ejecutivo envió tres ternas al Senado, pero las retiró y en noviembre volvió a enviar tres listas de tres prospectos cada una. La Comisión de Energía del Senado dictaminó que cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo y el asunto se subiría a votación del pleno el 13 de diciembre, lo que no ocurrió, así que sigue el pendiente.
El décimo nombramiento pendiente en un organismo autónomo es en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en donde en diciembre pasado concluyó la gestión de Norma Leticia Campos Aragón y ahí se perfilan decisiones en materia de generación distribuida de energía eléctrica.
Organismos electorales cercenados
Las omisiones más relevantes son en materia electoral, pues este año más de 20,000 cargos estarán en disputa y se anticipa la judicialización de elecciones, sobre todo en las contiendas de alcaldes, gubernaturas y diputaciones federales.
Pese a la relevancia de tener el sistema completamente cubierto, hay un total de 43 cargos electorales que deberán resolver sobre esos comicios, mismos que debieron haber sido nombrados por el Senado y no lo ha hecho, y en abril se generarán cuatro vacantes más, por lo que serán 47 magistrados por designar.
Desde octubre de 2021 hay 15 Tribunales Electorales estatales a los que falta un juzgador: Baja California Sur, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Y entre 2022 y 2023 se quedaron truncos 16 Tribunales: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro –se añadió una vacante- Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En diciembre pasado, se agregaron dos vacantes en el de Nayarit con lo que 31 tribunales están incompletos y se sumará el de la Ciudad de México en abril.
Actualmente, operan a medias prácticamente todos tribunales estatales. En seis de ellos les faltan hasta dos magistraturas: Nayarit, Jalisco, Querétaro, Tabasco, Morelos y Sinaloa; en la Ciudad de México, en abril, habrá una vacante y en Aguascalientes en agosto ya serán dos las magistraturas faltantes.
A diferencia de otros órganos, sin embargo, existe una regulación clara de cómo deben cubrirse las vacancias en los tribunales electorales. En la mayor parte de ellos, entran como magistrados en funciones o por ministerio de ley los secretaros generales de acuerdos, o bien los secretarios instructores y de estudio y cuenta de la ponencia que quedó en vacancia.
Por ello, los tribunales toman ahora decisiones con personas que, si bien tienen trayectoria, no han sido designadas por el Senado, como ordena la Constitución.
Fuente: Expansión Política
