Se busca reconocer estas prácticas como delito en el Código Penal y establecer sanciones de 10 a 20 años de prisión para servidores públicos involucrados
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma en contra de la corrupción inmobiliaria, la cual será discutida en el Congreso de la capital durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
Se trata de la adición del Capítulo XV y el Artículo 276 Quáter al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal.
¿Qué busca esta iniciativa?
El propósito es reconocer como delito la corrupción inmobiliaria y establecer sanciones de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos, red de familiares y socios que participen en dichos actos.
Batres explicó que el delito se refiere a la autorización de la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, mediante permisos emitidos con el fin de recibir dinero o departamentos para beneficio personal.
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales”, dijo el jefe de gobierno.
Además, se establece que se agravarán e incrementarían 50% las penas descritas en el artículo, cuando se obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie el propio servidor público, su cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa, directa o sociedades.
“En otras palabras, con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones”, sostuvo Martí Batres.
“El Cártel inmobiliario”
La iniciativa es presentada tras una serie de acciones en contra del llamado “Cártel inmobiliario” de la Ciudad de México, en el que dos servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez fueron sentenciados y devolvieron a las autoridades capitalinas inmuebles por un valor de más de 80 millones de pesos como parte de la reparación del daño.
