Juvenal Lobato, catedrático de derecho Constitucional en la UNAM subrayó que, la reincorporación de Samuel García a sus funciones como gobernador, desde una perspectiva constitucional, debe ocurrir cuando el aviso oficial del retorno del mandatario sea notificado al Congreso local. Pero, la validación de este retorno dependerá de la recepción oficial y el acuse de recibo del Congreso.

“Aquí lo importante es que el gobernador se lo comunique al Congreso de la Unión (el querer regresar a gobernar) … Para mí sí, ni siquiera es que exista un acuerdo del que le autoricen regresar, porque esa sí es una decisión de él, en lo en lo individual, así como decidió pedir que se ausentaba”, detalló el experto.

Lobato Díaz señaló la importancia de diferenciar entre aspectos políticos y jurídicos. Explicó que pese a que políticamente, Samuel García comente o comunique que retomará sus funciones, jurídicamente, dependerá de si ha tomado acciones como gobernador en funciones para incurrir en una falta.

“Yo creo que son dos cosas, uno son los mensajes políticos que se dan… y otro lo que jurídicamente esté sucediendo, no. ¿A qué me refiero con esto? Si él en este lapso, por ejemplo, permitió algún acto asumiéndose como gobernador, ahí es donde me parece que eventualmente sí podría llegar a tener alguna responsabilidad”, dijo el especialista.

Posibles faltas

Por su parte, José Camacho Vargas, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que las confusas suspensiones dictadas por diferentes juzgados han contribuido al desconcierto en el tema, pero la declaración de la Suprema Corte del viernes 1 de diciembre deja claro que Luis Enrique Orozco es el gobernador interino, mientras que Samuel García ha incurrido en desinformación al considerarse actualmente como gobernador.

Cabe señalar que la SCJN respondió a la controversia constitucional 488/2023 que el Congreso de Nuevo León contaba con facultades para realizar la designación de Luis Enrique Orozco, como gobernador interino. Además, suspendió el acuerdo de Samuel García de designar al secretario general de Gobierno como gobernador interino.

Para el académico, Samuel García, podría enfrentar responsabilidades políticas y penales, si firma documentos o da instrucciones como gobernador cuando no lo es; incluso, según su opinión, el ocupar las instalaciones de la gubernatura podría considerarse ilícito.

Fuente: El Economista