Los exgobernadores del departamento colombiano del Magdalena Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga fueron acusados este martes por la Fiscalía por permitir millonarios sobrecostos en un contrato para mejorar una carretera en esa región del Caribe.
Los exgobernadores del departamento colombiano del Magdalena Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga fueron acusados este martes por la Fiscalía por permitir millonarios sobrecostos en un contrato para mejorar una carretera en esa región del Caribe.
Las acusaciones contra los dos exgobernantes son por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, explicó la Fiscalía en un comunicado.
Los hechos que se les atribuyen están relacionados con el contrato del 4 de octubre de 2013, por 432.010 millones de pesos (unos 98,3 millones de euros, al cambio de hoy) para el mejoramiento del tramo de la llamada “Vía de la Prosperidad” que conecta a las locales Palermo a Sitionuevo, Remolino y Guáimaro.
La investigación de la Fiscalía indicó que Cotes Habeych, en su condición de gobernador en el periodo 2012-2015, supuestamente “tramitó y celebró en forma irregular el contrato cuestionado, principalmente por utilizar unos estudios y diseños desactualizados que terminaron por afectar su correcto desarrollo” y omitió su deber de vigilancia sobre el contrato y permitido que avanzara en medio de sobrecostos.
Estas irregularidades y los dineros que se dejaron de descontar al contratista por concepto de impuestos generaron pérdidas al departamento.
De otra parte, Cotes de Zúñiga, quien ejerció como mandataria en Magdalena entre 2016 y 2019, dio vía libre a un otrosí y tres modificaciones hechas al contrato original, las cuales cambiaron las condiciones técnicas, presupuestales y de tiempo de ejecución definidas inicialmente.
En ese sentido, el proyecto que estableció la construcción de 52,6 kilómetros en 35 meses fue entregado muchos años después con tan solo 18,2 kilómetros ejecutados.
Peritos especializados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI, de la Fiscalía) tasaron las pérdidas totales para el departamento en 76.327 millones de pesos (poco más de 18 millones de dólares).
Estos dineros corresponden a valores de más que se reconocieron al contratista por un proyecto vial que quedó inconcluso y actualmente no cumple con los requerimientos fijados. Así lo acreditan videos y reconocimientos aéreos realizados.
El juicio en contra de los dos gobernadores comenzará en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: La Vanguardia
