En el marco de las discusiones del PPEF 2024, organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos de las mujeres y por una política fiscal con perspectiva feminista, nos hemos articulado para exigir que el presupuesto realmente contribuya a garantizar nuestros derechos. Junto a más de 70 organizaciones y 400 personas, exigimos un presupuesto público etiquetado para 2024 que destine recursos a las políticas y programas destinados a garantizar la igualdad, la no discriminación y la no violencia por razones de género.
La política fiscal es una de las herramientas del Estado con mayor potencial transformador. Para nosotras, la recaudación y el ejercicio del gasto público deben llevarse a cabo desde las perspectivas de derechos humanos y de género para garantizar que contribuyan al cierre de las múltiples brechas de desigualdad que existen en nuestro país. 1
Aunque México cuenta con un marco normativo –tanto a nivel nacional como internacional– muy robusto que en papel promueve la aplicación de la política fiscal con base en los principios de equidad e igualdad de género, en la práctica su implementación ha sido poco efectiva para lograr avances sustantivos en la reducción de las desigualdades. En el caso específico de las brechas de género, hay una falta de compromiso para promover y garantizar la igualdad de género porque sigue sin entenderse que la justicia social sólo será posible si existen justicia de género y justicia fiscal.
Por el lado de la política tributaria, es decir, cómo y de quién elige el Estado hacerse de recursos, persisten sesgos de género derivados de la estructura e implementación de las normas tributarias. México es el país de la OCDE que menos recauda como proporción de su economía (16.7 pesos por cada 100 producidos en el país), lo que ocasiona que los escasos recursos públicos tengan que ser repartidos entre las muchas prioridades y compromisos existentes. Por otro lado, se pierden importantes recursos tributarios a través de prácticas de evasión fiscal, así como por la existencia de privilegios fiscales que benefician en su mayoría a las grandes empresas e individuos ultrarricos. 2 En el agregado, estos factores ocasionan que el sistema tributario no sea realmente progresivo.
Por el lado del gasto, la gran parte de los limitados recursos públicos disponibles se orientan hacia programas que no han sido construidos desde un enfoque de género o que ni siquiera cuentan con indicadores de impacto que permitan la medición del cierre de estas brechas. Muchos de estos programas, al ser en su mayoría transferencias directas, no modifican las causas estructurales sobre las cuales se erigen las grandes desigualdades entre mujeres y hombres (por ejemplo, la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados mal y no remunerado). En cambio, los programas que sí tienen verdaderos impactos en la construcción de la igualdad y en revertir la violencia contra las mujeres han sido debilitados presupuestariamente a través de recortes o aumentos marginales. 3
Confiamos en que la Cámara baja escuche el llamado de organizaciones, colectivos y mujeres para garantizar el financiamiento suficiente y oportuno a los programas e instituciones clave para la agenda de género; asimismo, que se promueva la participación ciudadana para así sumar esfuerzos en favor de las mujeres de todas las edades y diversidades.
* Andrea Larios es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
1 Fundar, en conjunto con organizaciones y promotoras culturales, exhortamos recientemente al Congreso a incrementar de manera progresiva el presupuesto de Secretaría de Cultura y dirigirlo realmente para financiar la diversidad artística y no megaproyectos. El comunicado puede consultarse aquí.
2 Sobre esto escribimos recientemente en nuestro blog.
3 Para conocer nuestro análisis sobre el Anexo 13, consultar aquí.
Fuente: Animal Político
