Mañana 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, fecha que, en su edición de 2023, hace énfasis en la necesidad de impulsar y democratizar las herramientas digitales para que más personas en todo el mundo puedan ejercer a cabalidad su derecho a conocer información pública.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es necesario establecer una cooperación internacional para fortalecer este derecho, cuestión clave dentro de los objetivos de la Agenda 2030.
En nuestro país, el derecho a la información está reconocido desde 1977 en el artículo 6º constitucional; sin embargo, fue a partir del año 2000, impulsado con la transición democrática, que un grupo de periodistas, académicos y especialistas –denominado Grupo Oaxaca– luchó por actualizar dicho marco normativo y materializarlo en la vida pública, todo con tal de que la información fuera pública y no propiedad del gobernante o autoridad en turno.
En 2002, Jalisco y Sinaloa fueron las primeras entidades federativas en tener una Ley de Transparencia, meses antes de que entrara en vigor la Ley Federal en la materia. Para 2007, los 32 estados tenían ya su propia norma, y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, entonces IFAI (ahora INAI), llevaba ya cinco años funcionando.
En 2014, gracias a una reforma constitucional surgida del consenso de todas las fuerzas políticas, se reformó el artículo 6º de la Carta Magna, nació la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se conformó el SNT y se creó la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta tecnológica que permite el acceso universal a la información pública del país (desde el anonimato, en cualquier momento del día y desde cualquier ubicación geográfica).
A partir de esa reforma, el INAI –que garantiza el derecho de acceso a la información y también la protección de datos personales a nivel nacional– se constituyó como un órgano autónomo cuyas resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 8,282 sujetos obligados, es decir, para cualquier autoridad, entidad u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos que reciban recursos públicos.
Desde hace tres décadas a la fecha, el avance y la consolidación del derecho a saber ha sido una conquista de la sociedad, derecho fundamental para una sana democracia donde las autoridades rinden cuentas de su actuar y la opacidad tiene cada vez menos cabida.
El INAI, el Sistema Nacional de Transparencia, y millones de mexicanas y mexicanos que defienden sus derechos, seguimos de pie. El Día Internacional del Acceso Universal a la Información es un gran momento para decir, aquí y en cualquier parte del mundo, que en México no nos rendiremos.
No quiero concluir esta columna sin dejar de recordar y hacer un reconocimiento a Alonso Lujambio, entrañable colega, gran servidor público y formidable ser humano que fue Comisionado del IFAI entre 2005 y 2009. Lamentablemente, el 25 de septiembre de 2012 falleció; sin embargo, él fue clave para que el derecho a saber sea lo que es hoy. A su memoria.
Fuente: El Sol del Centro
