El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México cuenta con una Ley General que creó un mecanismo de coordinación entre autoridades responsables de castigar y prevenir la corrupción. A septiembre de 2023, no contamos con Plataforma Digital Nacional funcionando a plenitud, ni con la totalidad de los módulos que la integran, pues están en proceso de ser concluidos.
Lo mismo ocurre con las veintiocho Políticas Estatales Anticorrupción, cuyas aprobaciones en cada una de las entidades federativas han sido motivo de celebración, lo que parece mostrar un optimismo desbordado que no se corresponde con la complejidad y dificultad de instrumentación que han enfrentado y enfrentan esos diseños.
Y, en cuanto a las recomendaciones no vinculantes del SNA, hasta el momento sólo se han aprobado tres, de las cuales ninguna tiene un impacto en prevenir riesgos de corrupción. De otro lado, no se ha sistematizado la información generada en las más de 3 mil recomendaciones no vinculantes que existen en el país, en el ámbito de las entidades federativas, y que podría ser una veta de mucho interés para la innovación.
Lo anterior solo es preámbulo para puntualizar como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) no ha puesto atención en la creación de condiciones favorables para que el capital humano dedicado al combate control y prevención de la corrupción comience a profesionalizarse en el escenario del sistema nacional.
El Libro Blanco de la Consulta sobre la hechura de la Política Nacional Anticorrupción, que desarrolló la Red por la Rendición de Cuentas en 2018, y las propuestas que incorporó, deja claro que varios temas no fueron considerados como centrales por la SESNA. Particularmente, que se olvidó de crear una condición previa indispensable para la implementación de una Política Nacional Anticorrupción: la profesionalización.
La profesionalización es un factor clave en la consolidación de toda Política Anticorrupción (nacional o estatal). Con las altas tasas de rotación de personal que existen actualmente, tenemos certeza de que se pierde inteligencia colectiva acumulada, lo cual no es sólo un asunto tecnológico, sino que se trata de las destrezas y habilidades que, sumadas, forman un capital humano que es condición de base para generar certidumbre a la operación del SNA.
El Libro Blanco conceptualizó la corrupción como un problema que “se manifiesta a través de la captura de puestos, presupuestos, procesos y decisiones públicas que impide la eficiencia de los recursos públicos, obstaculiza la eficacia del Estado, impide la buena marcha de las administraciones públicas y genera el entorno favorable para el uso abusivo de la autoridad.”
Dos años después de publicado el Libro Blanco de la Red por la Redición de Cuentas, la SESNA aprobó una Política Nacional Anticorrupción en la cual define al problema de la corrupción como “un orden social que privilegia modos de interacción e intercambio basados en el particularismo y el favoritismo que pueden manifestarse en comportamientos institucionales y sociales que transgreden principios éticos y de integridad.” En dicho documento, no se puso énfasis en la profesionalización de la gestión ni en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la administración pública, sino en la vertiente social del problema. Esto implica rutas distintas tanto de diseño como implementación de acciones de política de combate a la corrupción en México. El tiempo ha mostrado que el Libro Blanco proponía una estrategia abarcadora, adecuada para darle viabilidad a la Política Anticorrupción, enfatizando acciones para la creación de entornos poco proclives a las malas prácticas administrativas y hechos de corrupción. Sin la profesionalización de cuadros en el sector público, el combate a la corrupción seguirá dependiendo de los vaivenes y las voluntades de los gobernantes y funcionarios en turno, es decir, de las personas y no de las instituciones.
Fuente: El Sol de México
