Una plataforma regional de activistas cívicos alertó sobre los contenidos de un proyecto de ley que discute el Parlamento panameño que “desmejora el estándar de transparencia y acceso a la información pública”, informó este lunes en Panamá la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional.
En concreto, el proyecto de ley 1031 presentado a la Asamblea Nacional de Panamá (AN, Parlamento) por el Gobierno vía la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antai) busca derogar la “histórica” Ley 6 de 2002 de Transparencia de Panamá, señaló en un comunicado la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).
La ley 6 de 2002, de acuerdo con RedLad, es “pionera” en la región latinoamericana y ha servido a la población panameña a lo largo de 21 años para consolidar su democracia tras el régimen militar (1968-1989).
Destacan que esta norma “indudablemente” debe ser revisada, “no reemplazada como se pretende, y adecuada a la era de la información digital, desde luego previo a una amplia consulta ciudadana”.
Resaltan que cualquier cambio para actualizar los estándares de transparencia y acceso a la información pública, debe conllevar “necesariamente” cambios a la ley que creó la estructura del ente rector, la Antai.
Pero destacan que lo que la ciudadanía panameña enfrenta hoy “es el escenario opuesto: actores políticos del partido (PRD) en el poder en el Ejecutivo y con mayoría en el Legislativo, pretenden en efecto reemplazar la Ley de Transparencia mediante su derogación, sin consulta ciudadana amplia y democrática”.
“Sin reformas a la ley de Antai para garantizar su imparcialidad, sin reformas a la ley de protección de datos personales para que no sea usada para ocultar información de naturaleza pública, y lo hacen en pleno proceso electoral, a ocho meses de los comicios generales de mayo de 2024”, denunció RedLad.
La plataforma cívica, con presencia en 20 países de la región, señala que este proceder de los diputados oficialistas, que “aúpan” una propuesta que “omitió una amplia consulta ciudadana y cuyos contenidos desmejoran el estándar de transparencia y acceso a la información pública (…) representa una afrenta a la Democracia”.
“Es un retroceso de veinte años sobre una gran conquista ciudadana que en su momento puso a Panamá a la vanguardia en materia de acceso a la información como parte integral de la libertad de expresión”, afirman.
RedLab detalla que entre otros retrocesos, el proyecto de ley exime de responsabilidad individual por la entrega de la información a funcionarios y jefes de despacho, además de la eliminación de casi todas las sanciones por incumplimiento mediante una nueva estructura burocrática de transparencia en cada entidad pública.
Además amplía a todas las entidades del Estado “la reserva de información en trámites de todo tipo de procesos y autoridades responsables, y se elimina su apertura una vez estén ejecutoriados”.
También “abre la puerta para el uso de la Ley de Transparencia como instrumento de acoso, hostigamiento y persecución a las organizaciones, asociaciones, gremios y otros que critiquen o cuestionan las decisiones gubernamentales, especialmente aquellas ligadas a la rendición de cuentas y transparencia”
“Si estas medidas se aprueban, representarían un retroceso significativo en términos de derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información pública, espacio cívico de acción, participación ciudadana, separación de poderes, rendición de cuentas y prevención de la corrupción, entre otros”, concluyen.
Fuente: INFOBAE
