La solicitud inicial buscaba información sobre el número de dosis que caducaron antes de su uso, detalles sobre el lote y la empresa productora, así como las medidas tomadas para la destrucción de estas dosis. La Corte, con un voto unánime, determinó que todos estos datos deben ser proporcionados sin reservas.
Contexto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldo el año pasado la reserva de información relacionada con la adquisición de vacunas contra la COVID-19 por un período de cinco años. Esta decisión se produce en medio de preocupaciones de seguridad nacional.
La determinación se centra en las vacunas de Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Cansino, Sputnik y Sinovac. La Suprema Corte argumentó que divulgar detalles esenciales podría comprometer esfuerzos para prevenir o controlar la pandemia. Sin embargo, se permitirá una versión pública, excluyendo datos personales y secretos comerciales.
La decisión de la SCJN sigue a la propuesta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de reservar dicha información solo por dos años. En una votación, ocho ministros apoyaron la reserva de contratos y pagos de estas vacunas.
En aquella ocasión el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo expresó preocupaciones sobre cómo la divulgación podría afectar la entrega de vacunas. Por otro lado, el Ministro Alberto Pérez Dayán mostró desacuerdo, alegando que no se trata de una cuestión de seguridad nacional.
Un informe de The New York Times en 2021 señaló la falta de transparencia en los contratos gubernamentales con farmacéuticas. Aspectos como el precio de cada dosis y el calendario de entrega permanecen en secreto, protegidos por cláusulas contractuales . Estas reservas contractuales a menudo favorecen a las farmacéuticas. A pesar de recibir financiamiento gubernamental, las compañías mantienen derechos exclusivos, como patentes, y deciden sobre la producción y distribución de las vacunas.
En respuesta a la urgencia global, gobiernos y organizaciones asumieron riesgos financieros para acelerar el desarrollo de vacunas. Por ejemplo, Estados Unidos invirtió significativamente en la vacuna de la empresa Novavax. Además, la organización CEPI destinó 400 millones de dólares para combatir la COVID-19.
Modernamente, a pesar de utilizar tecnología financiada por el gobierno, recibió pagos sustanciales por dosis. Esta tendencia refleja un patrón en el cual los gobiernos asumen riesgos iniciales, pero las empresas retienen beneficios a largo plazo. Varios países, incluyendo India y Sudáfrica, han solicitado que las patentes de las vacunas se hagan públicas. Argumentan que esto permitiría una producción más amplia y equitativa. Sin embargo, las farmacéuticas sostienen que las patentes son esenciales para la innovación.
Adicionalmente, empresas como CureVac y AstraZeneca no se comprometen a fechas de entrega específicas. La falta de claridad en estos contratos ha generado conflictos, como el surgido entre la Unión Europea y AstraZeneca.
En cuanto a responsabilidad, las farmacéuticas gozan de protección en caso de fallos de las vacunas o efectos secundarios. En Estados Unidos, por ejemplo, las empresas están protegidas por la Ley de Preparación Pública ante Emergencias.
Fuente: La Silla Rota
