Se adicionó en el reglamento la precisión de que en caso de localizar operaciones con empresas fraudulentas, incluidas por el SAT

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó modificaciones a su reglamento de fiscalización en el que se incluyó como nuevas personas obligadas a la rendición de cuentas a toda persona física o moral que tenga relación con los actos u operaciones financieras que realicen los partidos políticos.

Además, se adicionó en el reglamento la precisión de que en caso de localizar operaciones con empresas fraudulentas, incluidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, los actores políticos deberán presentar la documentación que acredite que los bienes y servicios contratados con esas empresas fueron entregados, pues de lo contrario, serán considerados como gastos no comprobados y se podrá iniciar procedimientos oficiosos de investigación.

En los cambios aprobados en sesión ordinaria del consejo, se añadió a la lista de figuras por fiscalizar a las personas responsables de finanzas de partidos políticos y de personas aspirantes y candidaturas independientes, dirigentes y/o titulares de los órganos directivos de partidos políticos, agrupaciones políticas y organizaciones de la ciudadanía, afiliados o militantes de partidos políticos y personas físicas y morales que se encuentren vinculadas con actos u operaciones realizadas con las figuras previamente señaladas.

Asimismo, se incluyó la obligación de que todos los contratos deben contener el detalle de las operaciones que se realizan para poder comparar lo que se entregó con lo que se especificó en el contrato y determinar si se cumplieron los estándares acordados.

En el acuerdo aprobado se confirman mayores facultades a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), con el argumento de que era necesario dotar de sistematicidad y funcionalidad al modelo de los procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral.

“Se considera necesario y justificado modificar la normativa reglamentaria en materia de fiscalización, a fin de que se establezca, de manera expresa, que los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, la revisión de los informes presentados ante la UTF, los dictámenes consolidados y resoluciones que se emiten como resultado de dicha revisión, son la vía jurídica para la tramitación de toda conducta o hecho relacionado que verse sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento imputable o atribuible a cualquier persona jurídica (física o moral)”, dice el acuerdo.
Así, a través de los diversos procesos a cargo de la UTF se conocerán y tramitarán situaciones como la omisión de dar respuesta a requerimientos, la entrega de información incompleta o con datos falsos, la aportación o manejo de información indebida, la aportación de ente prohibido, la omisión de los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores de incorporar identificadores en espectaculares y el incumplimiento de obligaciones de partidos políticos o agrupaciones políticas nacionales de realizar publicaciones trimestrales o semestrales.

En la sesión también se aprobaron modificaciones al Reglamento de Elecciones mediante el que se incluyó la obligación para que todos los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES) registren en el Sistema Nacional de Registros de Precandidatos y Candidatos a todos los aspirantes, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes que participen en los procesos electorales.

La nueva indicación permitirá que la Unidad Técnica de Fiscalización detecte oportunamente los incumplimientos y garantizará el cumplimiento de los sujetos obligados en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

Ante las modificaciones al Reglamento de Fiscalización aprobadas por unanimidad, el consejero del Poder Legislativo de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, reclamó que las nuevas reglas no dan certeza a la fiscalización y que sólo benefician al INE y no a los partidos políticos en el afán de sancionar a los precandidatos, candidatos y partidos políticos a toda costa.

El diputado reprochó que se sigue insistiendo en la ampliación del catálogo de sujetos obligados que se plantea en el artículo 3, pues persiste la propuesta de incluir como sujetos en la materia a las personas físicas y morales, siendo esto un claro exceso, pues esta autoridad no es la Secretaría de Hacienda ni el SAT.

Además, dijo que el cúmulo de reformas propuestas siguen insistiendo en llevar a cabo las notificaciones de manera electrónica, que se introducen en el artículo 9, lo que sin lugar a dudas establece disposiciones contrarias a las garantías de audiencia y debido proceso.

También reclamó que se incluya la potestad de la autoridad de desplegar actos con relación al monitoreo de espectaculares en tiempo ordinario y que las causales de monitoreo no se den únicamente en procesos electorales, sino también como parte de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos.

“Esto es, se busca legitimar un proceso de fiscalización que la Sala Superior había calificado como ad hoc, buscando volverlo una realidad de nuestro sistema electoral, sin que la ley lo contemple de esa manera”, reclamó.

Fuente: Milenio