La noticia de la verificación al registro de personas desaparecidas propuesta por AMLO seguramente cayó como balde de agua fría en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Ya es suficientemente arduo el trabajo que realizan —desde enfrentar obstáculos de quienes pretenden entorpecer la búsqueda y hasta ofrecer soluciones prácticas a las exigencias de colectivos— como para que ahora también, desde Presidencia, se desee desaparecer sus avances. Me parece que la renuncia de su titular, Karla Quintana constituye una respuesta contundente a la propuesta presidencial: “no va por ahí”.

En Palacio Nacional no se ve con buenos ojos que el número de desaparecidos siga al alza; lo más probable, por motivos propagandísticos de cara a las elecciones de 2024, pero creo también, como resultado de un autoengaño que lo hace inconcebible cuando todo “va mejor”. Es más sencillo responsabilizar a las víctimas que admitir sus propias carencias (ellos decidieron “desaparecer”, aunque, por definición, ésta es involuntaria y consecuencia de un delito). De ahí que la revisión al registro sea, desde su imaginario, sencilla y prometedora: el Gobierno podría reducir significativamente el número de desaparecidos —porque muchos regresaron a casa— sin tener que hacer frente al costo político de encontrar fosas clandestinas.

Para comprender el fenómeno, lo más indicado es iniciar con una realidad ineludible: a ambos, gobierno y criminales, les beneficia que los desaparecidos nunca sean encontrados, ni siquiera reportados. Por un lado, el indicador por excelencia de la violencia son los homicidios dolosos. Aunque es muy difícil esconder los cadáveres una vez hallados, sí es factible para las autoridades nunca encontrarlos (simplemente, no buscándolos). Así, es sencillo sostener que la violencia va a la baja, aunque ese decremento sea artificial. Bajo esta lógica, la CNB constituye su mayor adversario (de ahí que se especule que Karla Quintero fue presionada por facilitar la descarga de datos).

Por otro lado, para los criminales resulta sumamente redituable ocultar a sus víctimas. Sin pruebas fidedignas (no existe siquiera el cuerpo del delito) es un verdadero reto demostrar su culpabilidad en juicio. Lo mejor que puede hacer el MP es, sin más información que el reporte, presentar pruebas circunstanciales e indiciarias de las que se pueda presumir, de forma razonable, su culpabilidad. De hecho, lo más exitoso ha sido investigar conjuntos de desapariciones en las que hay unicidad del responsable, persona o grupo; más no por casos individuales (en un test de totalidad de circunstancias, el mayor número de pruebas puede contribuir a articular la acusación).

Desafortunadamente, es poco probable que el número de desaparecidos disminuya en el último tramo de esta administración. Primero, porque continúan vigentes las causas subyacentes (las mismas que en el homicidio) y por los incentivos perversos para no actuar. Segundo, porque autoridades siguen una lógica de control de daños en la que sólo se atienden un par de casos que acaparan la atención de la opinión pública (e.g. el atroz caso de los cinco jóvenes jaliscienses), pero no abonan nada en prevenir casos futuros. Por lo pronto, presumo que en las mañaneras poco escucharemos de un reconocimiento de errores o una verdadera estrategia. Por el contrario, sólo a elusivos culpables de intentar dañar al presidente mientras se acumulan más desaparecidos a un ritmo de 751 mensuales.

Fuente: Sol de México