En 1979, el dictador argentino Rafael Videla al ser cuestionado acerca de las y los detenidos-desaparecidos, expresó una frase no solo perversa sino siniestra: “(…) mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”. 1 Esta frase contiene un problema de dimensión sociopolítica y ontológica, es decir, que atañe al ser, que obliga a quienes les reclaman a comprobar la existencia de su ser querido y su paso por la faz de la tierra.
Durante décadas y a lo largo de la región, familiares en búsqueda (acompañadxs de organizaciones, periodistas y academia), han construido narrativas y prácticas para comprobar la existencia de sus seres queridxs, incluyendo expresiones simbólicas y creativas de presencialidad política en el espacio público (como el siluetazo en Argentina o la colocación de sillas vacías en la normal de Ayotzinapa), misma existencia que, de manera sistemática, el poder niega como si se tratase de una “ignorancia epistemológica”, 2 pues argumenta un desconocimiento del problema. Pero tal ignorancia o desconocimiento en la práctica representa una minimización del fenómeno que arguye que la falta de datos no puede confirmar la ausencia empírica de una persona.
México no ha sido la excepción en las políticas negacionistas. Durante el sexenio de Calderón, periodo parteaguas y aun abierto de producción de miles de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, usaron principalmente dos estrategias para invisibilizar a las víctimas y minimizar la tragedia. Por un lado, se les criminalizó, señalándoles de tener algún nexo con los grupos criminales; de esta forma, esas pérdidas humanas se trataron como si no fueran valiosas, ni dignas de ser lloradas. 3 La otra vía que encontró dicho mandatario para evadir la grave problemática fue referirse a las víctimas como “daños colaterales”, esto implicó que las vidas pérdidas eran consideradas los “costos” humanos que se tenían que asumir al ser requeridos por el hecho de haber declarado una “guerra”.
Por su parte, durante el sexenio de Peña Nieto, el término que se usó para reemplazar la figura jurídica de persona desaparecida fue el de “no localizados”. Con ello el Estado se deslindó de su responsabilidad, pues al no nombrar al delito como desaparición, el término regresaba la responsabilidad a la víctima a quien se le adjudicaba el acto voluntario de estar en dicha condición: “se fue por su propio pie”, “se fue con el novio o por problemas familiares”.
No fue sino hasta 2018, al llegar López Obrador a la presidencia y para ese momento con más de 40 mil 180 casos registrados de personas desaparecidas, 4 que la histórica transición a un gobierno de “izquierda” parecía traer consigo la posibilidad de un cambio real para las víctimas. Esta rendija de luz vino de la mano con su participación en calidad del presidente electo en el Segundo Foro de Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, 5 donde se posicionaron narrativas con categorías controversiales y de dudosa aplicabilidad para el caso mexicano, basadas en paradigma de la Justicia Transicional.
Sin embargo, estas acciones al inicio del sexenio fueron deteriorándose al punto que, en el momento presente y a escasos meses del término de la administración, los resultados respecto a la agenda de víctimas no solo son desfavorables, sino que los casos de desaparición y desaparición forzada, de acuerdo al registro oficial, 6 se han incrementado a 111 mil 98 casos en un contexto álgido de eventos de violencia extrema y con un despliegue de crueldad que se renueva cada vez.
Para ilustrar los referido anteriormente, recupero un reciente evento donde el presidente quedó envuelto en una desafortunada polémica. Durante la mañanera del 16 de agosto, al ser cuestionado por algunos periodistas sobre el brutal caso de los jóvenes desaparecidos y asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco (Diego Lara, Uriel Galván, Dante Cedillo, Roberto Olmeda y Jaime Martínez), el mandatario solo atinó a decir “no oigo”, acto seguido, hizo una broma que lo colocó en el lugar de insensible. Mas allá de la polémica desatada y de si efectivamente el mandatario escuchó o no el cuestionamiento, la imagen fue reveladora, es decir, ad hoc a lo que fue la política en torno a las víctimas, pues efectivamente, ni el Presidente ni las instituciones y funcionarixs escucharon a las víctimas.
En otras palabras, el “no oigo” conlleva problemas serios de fondo: la imagen alberga la política estructural y continuada a lo largo del sexenio mediante la cual se trató a las víctimas. Una política que, por un lado, en el discurso reconoció la magnitud de la problemática y la figura jurídica de las personas desaparecidas, mientras que, por otro, en la práctica el mandatario se negó a recibir a las víctimas, mantuvo cerrada la puerta de Palacio Nacional, al tiempo que las instituciones poco a poco fueron cerrando espacios de participación efectiva y para el diálogo, mientras sostenían un modelo de atención victimal carente de un esquema de calidad, sustancial y sostenido en el tiempo.
Pero ¿qué significa “participación”, “diálogo” y “atención” a las víctimas? Para efectos de este breve texto de análisis, solo me centraré en cuatro ejes con elementos fundamentales: 1) el reconocimiento no solo jurídico sino simbólico y social de las y los desaparecidos como vidas valiosas que deben ser buscadas y, en caso de ser localizadas sin vida, merecedoras de ser lloradas; 2) el reconocimiento de la experiencia de dolor de sus familiares, respondiendo a sus necesidades y demandas en el marco de una ética de la escucha, esto implica hacerlo desde un “dejarse tocar” por la experiencia y la interpelación legítima, con-moverse en vías de desactivar aquello tendiente a la repetición ya que si esto sucede, significa que no han existido condiciones para su audibilidad; 3) aunado al anterior, situar dichas necesidades en perspectiva de larga data, pues si bien las afectaciones se agravan con la desaparición, el Estado debe reconocer que son resultado de violencias estructurales y problemas sistémicos que colocaron a las víctimas en un lugar de vulnerabilidad y exposición a las violencias; 4) ante la crisis forense, reconocer y garantizar la dignidad como un derecho humano de los cuerpos muertos, concibiéndolos no solo en su dimensión biológica-material, sino como sujetos historizados y revestidos de afectos de quienes se movilizan en torno suyo.
Esta administración, a diferencia de las pasadas, reconoció abiertamente en su narrativa la figura de desaparición y desaparición forzada de personas, les dio existencia en los discursos públicos e hizo intentos por hacer las cosas distintas, por ejemplo, al tomar Ayozinapa como el caso paradigmático de esclarecimiento y justicia, o al crear el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico de crímenes cometidos en el pasado. Sin embargo, el poderío y hermetismos de las Fuerzas Armadas, potencializados por el respaldo que les ha otorgado el presidente, echan abajo los esfuerzos por acceder a la verdad. En esta misma línea, la implementación de acciones improvisadas como es el “censo de personas desaparecidas” 7 para actualizar las cifras, pero con tendencia a constituir una estrategia para disminuirlas, pone a tambalear la credibilidad y la confianza en el Estado.
Si hacemos un ejercicio de lectura articulando de forma paralela los procesos referidos, apuntan no solo a un retroceso en la política sobre desaparición y atención a víctimas, sino a un panorama más grave para la defensa de la vida y los derechos humanos; tales hechos nos llevan al menos a hacernos algunas preguntas: ¿transitamos hacia un viraje en la política de desaparición tendiente a la ignorancia epistémica? ¿Frente a que mutación del Estado mexicano asistimos? ¿Estaremos ante la perpetuación del terror y la desaparición como forma actual de gobierno en un régimen que se dice democrático?
En el marco de una conmemoración más del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 8 las familias en búsqueda pese a sentir que su esperanza casi al término del sexenio se resquebraja, siguen poniendo el cuerpo y la palabra en las calles para reclamar la presentación de quienes aman. Al hacerlo, evidencian el fracaso del actual Estado mexicano y las autoridades que lo conforman quienes, en salvaguarda de sus intereses político-económicos, han optado por perpetuar la tragedia en los hogares mexicanos.
*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
- Discurso disponible en este video.
- Para leer más al respecto, sugiero la lectura de la geógrafa crítica Melissa Wright (2017), “Epistemological Ignorances and Fighting for the Disappeared: Lessons from Mexico”, Antipode, Vol.49 (1), pp. 249-269. Disponible en este enlace.
- Para leer más acerca de este tema, sugiero el texto de Judith Butler (2010), Marcos de guerra. Las vidas lloradas. México: Paidós.
- Cifra dada a conocer el 17 de enero de 2019 por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
- Dichos foros estuvieron organizados por el MPJD, el Primer Diálogo se realizó el 8 de mayo en el Museo Memoria y Tolerancia, con los entonces candidatos a la Presidencia de la República. El Segundo, se efectuó el 14 de septiembre de 2018, en el Centro Cultural Tlatelolco.
- Cifra que comprende del 01/01/1962 al 29/08/2023, obtenida del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, emitió un posicionamiento al respecto, se puede consultar aquí.
- La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) propuso, en 1981, el Día Internacional del Detenido-desaparecido. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Fuente: Animal Político
