De no presentar la propuesta de reforma constitucional en materia indígena, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría defraudando el compromiso que hizo con los pueblos originarios y violentando la buena fe con la que miles de representantes y autoridades indígenas participaron en el proceso de consulta para la construcción de dicha iniciativa.
En un zócalo abarrotado, con miles de personas entusiasmadas testificando aquel momento histórico, Andrés Manuel López Obrador subió al templete en un acto de celebración con el que dio inicio su gobierno. Frente a representantes de los 68 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, haciendo uso de todos los simbolismos significativos, Andrés Manuel se comprometió con los pueblos indígenas del país a garantizar plenamente sus derechos; ese día, se convirtió en el primer presidente de México en recibir un bastón de mando. En otros territorios indígenas no fueron pocos quienes mostraron sorpresa o inconformidad por el uso político de un símbolo sagrado que representa la autoridad, la sabiduría y el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza.
Sin embargo, quienes le entregaron el bastón de mando sabían que quien lo recibe es investido con el poder y la responsabilidad de guiar a su comunidad, lo hicieron desde el convencimiento genuino de tener un gobierno distinto que finalizaría con siglos de atropellos y discriminación ancestral. “Aquí está el bastón de mando, el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo. Queremos recordarle que deseamos ser tomados en cuenta en sus planes de estos 6 años”, le dijeron esperanzadas.
Mas allá del acto político y simbólico del 1 de diciembre de 2018, cabe destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), el gobierno federal se comprometió a reconocer y respetar las atribuciones y facultades que el marco legal del país le otorga a las comunidades indígenas y a sus instancias de decisión, y someterse a los fallos de los organismos e instrumentos internacionales de los que México es miembro y signatario, así como a impulsar la igualdad como principio rector y erradicar las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros. Por otro lado, en este sexenio se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se presentó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, indicando que sus premisas fundamentales eran las de fortalecer los procesos de autonomía y formas de organización propias; consolidar sus formas de participación efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y programas de gobierno que les atañen y fomentar el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como la distribución justa y equitativa de la riqueza, para combatir la lacerante pobreza y marginación en que se encuentran. 1
Mientras tanto, la falta de una reforma constitucional indígena y la falta de mecanismos para el ejercicio de los derechos colectivos y la verdadera protección de sus territorios implica para las comunidades y las personas defensoras indígenas un arduo trabajo de organización y resistencia que les coloca en máximo peligro y vulnerabilidad; por ejemplo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha registrado desde 2019 al menos 46 casos de personas defensoras indígenas (43 hombres y 3 mujeres) que fueron asesinadas o desaparecidas con un posible vínculo con su labor de defensa, lo que constituye casi el 30 % de todos los casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas o desaparecidas que ha conocido la ONU-DH México en dicho periodo. Actualmente ocho de las víctimas continúan desaparecidas. 3
De no presentar la propuesta de reforma constitucional en materia indígena, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría defraudando el compromiso que hizo con los pueblos originarios y violentando la buena fe con la que miles de representantes y autoridades indígenas participaron en el proceso de consulta para la construcción de dicha iniciativa. Este 9 de agosto de 2023, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se esperaba que el Ejecutivo Federal anunciara la fecha de presentación al Congreso, lo cual no sucedió; lo que hizo el presidente fue firmar un decreto que ordena reconocer, proteger y salvaguardar los lugares sagrados y rutas de peregrinación de los pueblos indígenas de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí y declaró: “Por una cuestión de principios, mi gobierno ha tomado la decisión de reconocer y proteger las culturas y valores espirituales de nuestros pueblos, que son el corazón del México profundo y la verdad más íntima de nuestra patria”. 4 No es suficiente salvaguardar los lugares sagrados por medio de decretos presidenciales, los pueblos y comunidades exigen su reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, garantizar plenamente sus derechos a la libre determinación y la autonomía que incluye la protección de sus territorios y sus bienes naturales. Es impostergable que el presidente cumpla su palabra y envíe al Congreso la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena para su discusión y aprobación.
