Es necesario mantener los derechos de los ciudadanos.
Hace 21 años inició una nueva etapa en México, en la que las y los ciudadanos pueden solicitar información pública a las autoridades y proteger sus datos personales: nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, ahora INAI.
Actualmente el panorama ha evolucionado y el acceso a la información y la protección de datos están en riesgo: de ahí la necesidad de conocer de dónde venimos para defender lo que hemos ganado.
En 1977 se reconoció por primera vez el derecho a la información en el artículo 6º de la Constitución; sin embargo, no se permitió su garantía efectiva. Fue a partir del año 2000 con la transición democrática, que el grupo Oaxaca –conformado por periodistas, académicos y expertos en la materia– pugnó por una Ley de Acceso a la Información para reglamentar el sexto constitucional y hacer válido el derecho a saber.
En enero y abril de 2002, Jalisco y Sinaloa fueron las primeras entidades federativas en publicar una Ley de Transparencia, mismas que fueron impulsadas por la sociedad civil frente al viejo paradigma del Estado mexicano, donde la información era propiedad del gobernante en turno. Después de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia en 2002, hubo un efecto dominó en la aprobación de leyes de transparencia locales y, entre 2002 y 2007, los 32 estados contaron con su propia norma.
Entonces, el problema principal fue la disparidad: dado que las leyes estatales no estaban homologadas, el ejercicio de los derechos no era igual en todo el país. Ante este panorama, el 7 de febrero de 2014 se reformó el artículo 6º de la Carta Magna y, con ello, se originó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada el 4 de mayo de 2015.
Este fue otro parteaguas en la historia de los derechos a saber y a la privacidad: el IFAI se volvió INAI; se conformó el Sistema Nacional de Transparencia y se creó la Plataforma Nacional de Transparencia. Desde entonces, el INAI es un órgano constitucional autónomo cuyas resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 8,259 sujetos obligados, es decir, para cualquier autoridad, entidad u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos que reciban recursos públicos.
El INAI tutela dos derechos fundamentales –el acceso a la información y la protección de datos personales–, y es un equilibrio para el poder público. El Instituto, como los derechos que éste garantiza, son resultados de décadas de luchas sociales por combatir la opacidad y abrir el Estado para que las y los mexicanos podamos participar de la vida pública nacional.
El 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia; hoy, más que un Instituto, se defienden los derechos que nos ha costado a todos hacer valer.
Fuente: Heraldo
