En 2024 tendremos que escoger entre un régimen de una sola persona y otro donde subsista la presencia de ciudadanos libres, en quienes reside la soberanía del Estado.
Cada día queda más claro que la decisión que enfrentaremos los mexicanos en las elecciones de 2024 no será escoger a un presidente o presidenta más ni la composición de otra legislatura, será un verdadero referéndum sobre el régimen político y los valores y principios que preferimos los mexicanos en nuestra vida pública y social. No es una elección más. Nos estaremos jugando el futuro de al menos la próxima generación de mexicanos. Tendremos que escoger entre un régimen de una sola persona o grupo, apuntalado por las Fuerzas Armadas con la consecuente pérdida de libertades de las y los mexicanos, y otro régimen donde subsista la presencia de ciudadanos libres, en quienes reside la soberanía del Estado y por tanto está basado en principios democráticos.
La tendencia hacia la centralización del poder que inició con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 se ha acentuado cada vez más. Es un plan que tiene por objeto modificar nuestro régimen político en el que el control esté concentrado por una persona o grupo de personas, que se perpetúan en el poder, y que está apuntalado por el “apoyo popular” y por las élites de las Fuerzas Armadas. Su sostén está en la fuerza y en la eliminación de quien piense diferente, quien sea diferente.
La regla, o la ley máxima del gobierno actual es justamente no tener leyes ni instituciones que acoten su poder en beneficio de los ciudadanos y protección de las minorías. El régimen actual desea un arreglo “institucional” en el que solamente haya una fuente de poder y que no enfrente límites. Por eso hemos presenciado los ataques a los órganos constitucionales del Estado que protegen los derechos de los ciudadanos y limitan el poder centralizado en la presidencia de la República. Por eso López Obrador ha intentado el plan A y luego el plan B para modificar el sistema electoral y destruirlo en los hechos; por eso los ataques a la Suprema Corte y a su presidenta, la ministra Norma Piña y los demás ministros que han soportado la presión; por eso la decisión presidencial para hacer inoperables las instituciones que resguardan nuestro derecho a la información pública y nuestros derechos humanos (la primera negándole el quorum para operar y la segunda con el nombramiento de su presidenta).
Para apuntalar esta posición, el gobierno de López Obrador ha entregado gran parte del poder civil a las Fuerzas Armadas, corrompiéndolas, embarrándolas con dinero con el típico método de la mafia, y asegurando su lealtad otorgándoles abiertamente el cogobierno o incluso cediéndoles el control del país. Esta es la opción A de continuidad de lo que hemos vivido en estos cuatro años.
La opción B consiste en que subsistan los derechos de los ciudadanos, se recuperen y se fortalezcan ante el gobierno. Es una opción en que nuestras libertades como ciudadanos prevalezcan, donde mantengamos el derecho de decidir quiénes nos gobiernen y echar del poder a los malos gobiernos. Tiene que ser la opción en donde podamos vivir con armonía entre los mexicanos, aceptando nuestras diferencias y luchando juntos por construir redes de protección social comunes que aseguren la dignidad de las personas y de las comunidades y colectivos. Es una opción en la que el poder central esté acotado, en que el poder último resida en los ciudadanos y en donde el gobierno trabaje, con manos limpias y sin impunidad, en favor de todos.
Esa va a ser la próxima elección presidencial y legislativa de 2024. Vamos a tener un referéndum sobre el tipo de régimen político de la siguiente generación en nuestro país. Va a ser una elección en donde los mexicanos elegiremos ese futuro. Y debemos atesorar esa oportunidad, la debemos defender, pues aún al día de hoy el régimen actual está intentando coartarnos esa libertad y eliminarla. La debemos aprovechar, pues quizás sea la última vez que podamos ejercer nuestro derecho a decidir en condiciones relativamente equitativas o parejas. Será una elección de Estado, en la que el gobierno utilizará todos sus instrumentos legales e ilegales, presupuestos y capacidad de extorsión para inclinar la balanza a su favor. Pero los ciudadanos, todavía, tenemos la posibilidad de evitar esa tragedia.
Fuente: El Financiero
