El dirigente chavista Diosdado Cabello aclaró que “el derecho a la defensa no se le va a negar a nadie”.
En medio de investigaciones contra corrupción que han dejado al menos 61 funcionarios detenidos, el Parlamento venezolano aprobó una ley para confiscar bienes vinculados a corruptelas administrativas y otros delitos como el narcotráfico.
La Ley de Extinción de Dominio fue aprobada por “unanimidad” por la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo gobernante.
Es similar a una ley modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que plantea declarar “sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna” la “titularidad a favor del Estado” de bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
El texto venezolano establece además la “imprescriptibilidad” en materia civil de los delitos relacionados con corrupción.
“No hay excusa para el que robó hace 15 años o hace 20 años. No prescribe el delito de corrupción”, declaró el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, que presidirá una comisión que revisará “todas las leyes” en esta materia para “hacerlas más enérgicas”.
Activistas han expresado preocupación. Aunque sigue lineamientos de la ley modelo de la ONU, la ONG Acceso a la Justicia advirtió que la legislación aprobada en Venezuela puede ser “peligrosa”.
“Tememos que la iniciativa amparada en la lucha contra la corrupción busque no solo crear mecanismos que le permitan al gobierno apropiarse de bienes relacionados con actos ilícitos, sino también facilitarle una herramienta política para atacar, perseguir y amenazar a cualquier persona (…) con apropiarse de sus bienes, sean obtenidos de forma ilícita o no”, indicó Acceso a la Justicia en un informe.
Ante las preocupaciones de la ONG, el dirigente chavista aclaró que que “el derecho a la defensa no se le va a negar a nadie”, pero que tanto los bienes de funcionarios corruptos, narcotraficantes e incluso terroristas pasarán a manos “del pueblo de Venezuela”.
Sólo falta que la ley debe ser ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia y después ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro.
Fuente: Milenio
