El 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico, entre otras, con la intención de poner fin a más de tres décadas de brutal saqueo de los bienes naturales comunes. La iniciativa tiene por objeto recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, con la finalidad de proteger los derechos humanos al medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población, así como a la preservación de los recursos naturales de la Nación y el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre sus territorios. 1

La propuesta del Ejecutivo Federal propone retirar el carácter preferente a la minería, lo que constituye un acto de justicia para todas las personas y comunidades afectadas, pues la imposición de esta actividad ha sido en perjuicio del medio ambiente sano y del ejercicio de los derechos humanos. En ella se propone la reducción de la vigencia de las concesiones mineras y evitar la especulación de concesiones reglamentando el procedimiento para su transmisión por la Secretaría de Economía. Además, se prohíbe la minería en áreas naturales protegidas, en cauces o vasos de aguas nacionales y en el lecho marino.

Las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales que se proponen también son relevantes, más aún frente a la omisión legislativa respecto a tener una Ley General de Aguas que se mandató al Congreso de la Unión desde el año 2012.  Como sabemos, la minería tiene graves impactos ambientales, entre ellos los relacionados al agua. México tiene definidos administrativamente 653 acuíferos de agua subterránea, de los cuales, 275 (42 %) tienen déficit hídrico.

En un país como México, en donde 21.3 millones de personas no tienen red de agua y cerca de 9 millones no tienen algún tipo de acceso al agua, es importante asegurar que las zonas sin disponibilidad de este recurso vital, en áreas nacionales protegidas o donde se ponga en riesgo a la población, no se destinen para actividades mineras. Al analizar las 408 concesiones de agua destinadas a la minería, se identificó que al menos 41 acuíferos con déficit hídrico tienen concesiones de agua para el sector minero, 2 y en ellos se ubican más de 263 títulos de concesión de agua para la minería.

La propuesta del Ejecutivo incluye finalizar con el actual régimen de excepción de las aguas de laboreo, propone que toda el agua tenga que contar con concesión y quede sujeta a la disponibilidad. Otro de los principales cambios propuestos es la implementación de la figura de “concesión de agua para uso específico en minería”. Este permiso también quedará sujeto a la disponibilidad de agua y tendrá una duración de 5 años, con posibilidad de prórrogas.

De aprobarse, quedaría prohibido transmitir a las empresas mineras las concesiones de agua que no fueron otorgadas para ser utilizadas en minería, lo que evitaría la especulación, es decir la compraventa de concesiones; se establecerían también obligaciones de medición y monitoreo de agua, así como la obligación de presentar un informe detallado del agua que descargan las mineras y que contienen desechos de los procesos de extracción, de lavado de los equipos, y del proceso de refinación.

Los sectores favorecidos con el despojo del agua en México imponen sus intereses con leyes como la actual Ley Minera y Ley de Aguas Nacionales, aun cuando la Constitución reconoce el derecho humano al agua. La actual Legislatura tiene la oportunidad de dictaminar positivamente y aprobar estas reformas propuestas desde una perspectiva de derechos humanos y privilegiando la vida de las personas frente a la mercantilización de los bienes comunes como el agua, con el fin de poner un alto a los abusos que se han propiciado.

Es por ello que, organizaciones, comunidades, así como la colectiva Cambiémosla Ya, hemos hecho llamados a las legisladoras y legisladores para aprobar esta iniciativa y con ello proteger y garantizar los derechos humanos y el bienestar de las comunidades. De aprobarse, podría darse un paso importante en el fortalecimiento de la rectoría del Estado sobre los bienes públicos. Es momento que las y los representantes actúen a la altura de su cargo y se pongan del lado de los intereses de la nación y sus comunidades para acabar con un esquema de privilegios, privatización y saqueo de los bienes nacionales , que ampara la actual Ley Minera.

* Ariana Escalante y Sol Pérez son investigadoras en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

1 Cámara de Diputados. “Exposición de Motivos “. Gaceta Parlamentaria (Número 6244-I-1), martes 28 de marzo de 2023.

2 Datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA en el portal web “Agua y minería”.

Fuente: Animal Político