La CNDH ha claudicado en su obligación de erigirse como un mecanismo de rendición de cuentas efectivo frente a políticas públicas riesgosas en sí mismas para el respeto de los derechos humanos; en este caso, la política pública de militarizar la seguridad pública del país.

En días recientes, la CNDH dio a conocer la emisión de su recomendación 95 VG/2023, relativa a la ejecución extrajudicial de cinco personas y ataques graves a la integridad física y psicológica de dos más por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ocurridos en la colonia Cavazos Lerma en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero del presente año. Aunque es de reconocerse la celeridad con que se ha emitido la recomendación, ésta confirma que la CNDH ha claudicado en su obligación de erigirse como un mecanismo de rendición de cuentas efectivo frente a políticas públicas riesgosas en sí mismas para el respeto de los derechos humanos; en este caso, la política pública de militarizar la seguridad pública del país.

En sus pasajes relativos al establecimiento de las medidas de reparación integral del daño, la recomendación en comento despliega un análisis de contexto de los hechos, el cual resulta insuficiente para entender a cabalidad las raíces e implicaciones de un caso tan emblemático de la violencia que se genera a partir de una política de seguridad militarizada a largo plazo. Aquí una muestra:

122. Los lamentables hechos ocurridos la madrugada del 26 de febrero de 2023, se configuraron sin duda como un punto de inflexión para la sociedad mexicana y evidenciaron el alto nivel de violencia que permea el tejido social en Nuevo Laredo, Tamaulipas […]

124. La cultura de la paz debe ser un propósito afín y común a todas las autoridades involucradas en el cumplimiento de los derechos humanos, pero también debe ser un compromiso de toda la sociedad […] 1

No se pone en duda el desgarramiento del tejido social en vastas regiones del país, en particular en aquellas que han vivido por largo tiempo la violencia generada por la operación de redes de macrocriminalidad, las cuales abarcan (según la documentación de diversos contextos) a amplios sectores de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales, incluidas las fuerzas armadas. Por tanto, en la recomendación de la CNDH llama la atención la omisión de incluir un análisis de contexto más profundo que, más allá de referir en abstracto al tejido social, aporte información que permita entender que este tipo de casos no son expresiones aisladas, no son producto de indisciplinas o negligencias individuales; se trata de pautas de conducta violenta previsibles y que, por tanto, quienes toman las decisiones de planeación y adopción de políticas públicas, las asumen como parte de los riesgos de un modelo de seguridad militarizado.

Asimismo, llama la atención de que la CNDH evoque a un “compromiso de toda la sociedad” para lograr una cultura de la paz. De nueva cuenta, no se pone en duda la afirmación de que, al final, la sociedad en su conjunto debería involucrarse para superar la crisis de violencia que nos aqueja. Sin embargo, la forma en que se incorpora esta afirmación termina por diluir la responsabilidad de las autoridades concretas que por sus decisiones, acciones y omisiones han permitido que, por casi dos décadas, casos tan graves de violaciones a los derechos humanos se repitan una y otra vez en el contexto de operativos de seguridad cimentados en el paradigma militar.

Tristemente, la ejecución y ataque a los jóvenes de la colonia Cavazos Lerma de Nuevo Laredo no es una novedad, este caso se suma a un entramado que, en su conjunto, conforman un contexto de violencia con características propias y muy particulares. Un análisis de contexto tan limitado por parte de la CNDH condujo a la identificación de medidas de repetición igualmente limitadas. Desde la perspectiva de la CNDH, la prevención de casos futuros se reduce a temas de capacitación del personal de la SEDENA y al establecimiento de manuales de actuación. Medidas de este tipo constituyen meros paliativos.

Las medidas de no repetición de efectos duraderos deben tener como punto de partida la conclusión de que el modelo de seguridad militarizado ha fracasado y mecanismos de protección de los derechos humanos como la CNDH deberían ayudarnos a comprender con profundidad las consecuencias humanas de este fracaso.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador de derechos humanos de @FundarMexico.

 1 CNDH, recomendación No. 95 VG/2023, disponible aquí.

Fuente: Animal Político