Estamos por cumplir 50 años desde que el Día Internacional de la Mujer fue proclamado por la Asamblea de la ONU en 1975, aunque sus antecedentes datan de muchos años antes. Estamos por cumplir cinco décadas desde que las mujeres luchamos en el espacio público por nuestros derechos; desde que hablamos y nos organizamos para que nuestras voces y demandas sean escuchadas sin intermediarios en pro de todos los derechos para todas las mujeres en todas partes, parafraseando a Cecilia Lavalle, y para alcanzarlos, es indispensable orientar el gasto público a su atención integral.

De acuerdo con la Cepal, “la invisibilidad de las mujeres y de la igualdad de género en el presupuesto público origina un amplio espectro de injusticias, ya que, si no se consideran las desigualdades entre hombres y mujeres en la asignación presupuestaria para el desarrollo de la acción del Estado y la implementación de las políticas públicas, se obstaculiza la posibilidad de planificar, ejecutar y evaluar las acciones que apuntan a la disminución de las brechas de género”. 1

Es decir, los presupuestos públicos elaborados con una perspectiva de género parten del reconocimiento de las desigualdades entre los géneros y planean su ejecución en concordancia a través de acciones afirmativas. Por lo tanto, el Anexo 13, como herramienta de transparencia, es una fotografía clara sobre la postura del Estado frente a estas desigualdades, ya que nos permite tener una aproximación a sus prioridades para la garantía de los derechos de las mujeres. ¿Y qué nos dice su integración?

A través de nuestro seguimiento al Anexo 13, lo primero que identificamos es que el aumento a su presupuesto se explica en gran parte por la inclusión de 14 programas sociales prioritarios. De hecho, de los 10 programas con mayor presupuesto, 8 son prioritarios y solo Jóvenes Construyendo el Futuro y Producción para el Bienestar no tuvieron aumentos en su presupuesto respecto a 2022.

Lo problemático de lo anterior es que, tras analizar sus Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), identificamos que no están encaminados directamente a lograr una igualdad sustantiva ni se diseñaron con el objetivo de resarcir las condiciones estructurales que colocan a las mujeres en una situación de desventaja. Ninguno de estos programas es una acción afirmativa en favor de las mujeres, pues se distribuyen por igual entre mujeres y hombres. En este sentido, no es suficiente justificación que son más mujeres beneficiarias que hombres para incluirlos en el Anexo 13; por ello, es necesario evaluar su impacto y clarificar los criterios de inclusión de dichos programas al Anexo.

En contraste, el eje que contiene programas y acciones dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres concentra tan solo el 7 % del total del Anexo 13. Además, del total de recursos para este eje, sólo el 5.8 % se relacionan directo con la prevención y combate a la violencia de género, mientras que el 93.7 % restante corresponde a tres programas vinculados con investigación y educación. En medio de la situación actual de violencia de género, la insuficiencia de presupuesto para programas orientados a combatirla preocupa y ponen en riesgo la vida misma de las mujeres.

También es importante analizar la asignación de recursos dentro del Anexo 13 a distintas dependencias e instituciones clave. A través de nuestro análisis al PEF 2023, encontramos que el presupuesto para aquellas encargadas de instrumentar la política pública en materia de igualdad y violencia hacia las mujeres representa apenas el 0.6 % del total del Anexo. De manera específica, el Inmujeres cuenta con 926.7 millones de pesos (0.27 %) y la CONAVIM con 1,124.1 millones de pesos (0.32 %). Cifras desoladoras tomando en cuenta los más de 300 casos de muertes violentas – feminicidios y homicidios dolosos– ejercicios contra las mujeres en tan solo el primer mes de este 2023.

Finalmente, hay una problemática adicional que queremos destacar: las adecuaciones presupuestarias. Después de la aprobación de cada Paquete Económico, durante el ejercicio fiscal, las dependencias y programas pueden sufrir modificaciones al presupuesto inicialmente aprobado por el Legislativo. En el caso de aquellas que consideramos clave, por lo general se trata de reducciones.

En una evaluación que hicimos al avance del gasto al IVT2022, encontramos que las adecuaciones a la baja para los siguientes programas sumaron 689.3 millones de pesos, la mayoría de ellas fueron al programa de Salud materna, lo cual es de suma gravedad si tomamos en cuenta que, para febrero de este año, en el país se habían registrado 204 muertes maternas, de las cuales el 90% de estos casos se pudieron prevenir. 3

En el marco del 8M es indispensables que El Estado mexicano escuche las demandas de las mujeres y cumpla con los compromisos internacionales que ha adquirido desde hace más de 25 años, con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Entre esos compromisos se encuentra garantizar un presupuesto etiquetado, con un enfoque de género interseccional, de derechos humanos, y desde una óptica feminista, que parta de una clara identificación y reconocimiento de las discriminaciones estructurales cotidianas que enfrentamos las mujeres.

Se debe fortalecer a través de una asignación progresiva a las instituciones rectoras de la política pública para la igualdad y, por ende, de los programas clave para las agendas de igualdad y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Es importante que a lo largo del ejercicio fiscal se eviten recortes por adecuaciones presupuestarias a la baja y en su caso es importante que se rinda cuentas sobre los impactos que tendrán en la garantía de los derechos de las mujeres. Por ello, se deben iniciar los trabajos coordinados entre la Subcomisión de Presupuesto y Género de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y las instancias ejecutoras del Anexo 13 con integrantes de la sociedad civil organizada y el movimiento feminista y amplio de mujeres para, desde el inicio del año fiscal, dar seguimiento a: 1) la debida y oportuna transferencia por parte de Hacienda de los montos que apruebe la Cámara de Diputados y 2) la programación y estructura del eventual Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024.

Se debe asegurar que los programas incluidos en el Anexo 13 tengan perspectiva de género, que asegure que los recursos tendrán un impacto positivo para resarcir las brechas de desigualdad y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Urge que se revise y ajuste la metodología de integración de los programas y acciones que se busca etiquetar bajo el Anexo 13, en particular de los programas prioritarios. Se debe fortalecer el Anexo 13 de tal manera que sea posible identificar la alineación de los programas y acciones que lo integran con los objetivos prioritarios y específicos del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) y al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEV).

Mientras tanto, las mujeres seguiremos exigiendo al Gobierno que reconozca y asuma sus compromisos para garantizar nuestros derechos.

* Andrea Larios, Matilde Pérez, Claudia de Anda y Karen Valadez son parte del grupo transversal de género en @FundarMexico.

3 Cfr. Chavarría Tenorio, 2023. Disponible aquí.