El presidente del Instituto Nacional Electoral informó que ese órgano presentará en breve una controversia constitucional en la Suprema Corte contra del llamado “Plan B” electoral del gobierno federal y Morena, ya que “modifica de manera drástica a la estructura del INE poniendo así en riesgo miles de plazas del servicio profesional y por ende la confiabilidad de los procesos electorales”.
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que ese órgano presentará en breve una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del llamado “Plan B” electoral del gobierno federal y Morena, ya que “modifica de manera drástica a la estructura del INE poniendo así en riesgo miles de plazas del servicio profesional y por ende la confiabilidad de los procesos electorales”.
El “Plan B”, dijo, “no subsistirá la prueba a la que será sometida a los tribunales de la República; confió en que el Poder Judicial habrá de restablecer el orden constitucional y democrático en nuestro país”.
En un video mensaje dominical, Córdova Vianello afirmó que es tiempo de las ministras y ministros de la Corte, en quienes dijo confiar que actuarán con responsabilidad e independencia como los auténticos guardianes de la Constitución.
“La defensa de la democracia seguirá siendo la prioridad en las semanas por venir, independientemente de las descalificaciones y actos de intimidación que lamentablemente se emprenden desde las más altas esferas del poder”, refirió.
Dijo que el decreto de reformas del llamado “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo efectos inmediatos, como fue el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, hecho que consideró ilegal.
“Ese cese fue ordenado por la reforma a partir de la publicación del decreto, es decir, incluso antes de la entrada en vigor del mismo, lo que evidencia entre muchas otras cosas la vulneración a la autonomía del INE y también el desaseo legislativo de esa reforma”, expuso.
Planteó que el INE siempre ha respetuoso del Estado de derecho, la legalidad, la división de Poderes y las normas, aunque sean regresivas e inconstitucionales.
Por ello ya comenzamos a acatar lo que esta ley arbitraria y antidemocrática nos obliga a hacer en tanto las instancias judiciales correspondientes no la declaran inconstitucional”, dijo.
Recordó que el viernes pasado sesionó el Consejo General del INE, el cual aprobó un acuerdo para nombrar a Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva; y otro acuerdo para crear una comisión técnica de consejeros encargada de la implementación de dicha reforma al interior del órgano electoral nacional, mientras la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelven los amparos y juicios promovidos.
Mencionó que también se abre la posibilidad que los trabajadores del INE que vean amenazado su trabajo, o todo ciudadano en general que sienta afectados sus derechos, interponga juicios contra el llamado “Plan B” y su implementación en el INE.
“Desde el momento de la publicación de estas reformas, el INE inició la batalla jurídica en defensa de la institución del sistema electoral general, de los derechos laborales de nuestros trabajadores y en general de la democracia.
“Además, en los próximos días promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no, tanto el contenido de la reforma como la manera como se desarrolló ese desaseado proceso legislativo”, resaltó.
Finalmente, dijo confiar que el Poder Judicial de la Federación no dejará pasar la “constelación de irregulares” en el contenido de la reforma, como el proceso de aprobación.
Fuente: El Economista
