La reunión de la República del pasado domingo mostró que todavía tenemos contrapesos que pueden limitar las ansias del Ejecutivo por concentrar el poder y evitar tragedias nacionales.

En la “reunión de la República” que se lleva a cabo cada 5 de febrero en la ciudad de Querétaro para celebrar la promulgación de nuestra Constitución de 1917, concurren los tres poderes de la Unión. Por lo general son eventos más o menos ordinarios y para muchos es simplemente una efeméride más. Parece que este año, como la de 1982, ha sido muy distinta.

José López Portillo era el presidente de México cuando se celebró la reunión de la República en 1982. Le quedaba menos de un año de gobierno y tenía encima la crisis económica. Los precios del petróleo habían comenzado a descender después de años de ir al alza, el gobierno mexicano no los redujo y perdió clientes y ventas por más de 5 mil millones de dólares en sólo dos meses, y el déficit público había llegado a 9.0 por ciento del PIB al concluir 1981, una cifra estratosférica. Los gastos del gobierno estaban desbocados y la gente percibía que venía una devaluación del peso. Por ello cambiaba sus depósitos en pesos a depósitos en dólares, o de plano compraba billetes verdes y los guardaba bajo el colchón. La merma de dólares de la reserva del Banco de México era cada vez mayor.

Fue en ese contexto que el presidente López Portillo pronunció aquel famoso discurso, el 5 de febrero de 1982, en el que sostuvo que defendería al peso como un perro, que no permitiría su devaluación, y que estaba dispuesto a lo que fuera para evitarlo. No recuerdo si alguien más tomó la palabra, si lo hizo el presidente de la Suprema Corte o el presidente del Congreso de la Unión. Seguramente sí pero no queda mucho registro de ello. El presidente López Portillo acaparó la atención de todos con semejante desplante autoritario, en desafío abierto a las condiciones económicas adversas que él mismo, con sus políticas, había creado. En un régimen de un solo hombre, el único discurso relevante fue el de él, lo que paradójicamente aceleró la fuga de capitales y la devaluación del peso unas semanas después.

El domingo pasado, en la misma reunión de la República 41 años después, un presidente autoritario pronunció un discurso que no mereció ser destacado por la prensa. El mismo mensaje que da cada mañana, sin sustancia y desconociendo nuestra historia. El mensaje del presidente del Senado también fue inocuo.

Por el contrario, los mensajes de los otros oradores fueron contundentes y convergieron en su idea central: la defensa de la Constitución justo en ese día tan significativo. Ante un presidente disminuido, que se hizo rodear por los secretarios de Defensa y Marina, así como por el de Gobernación como si necesitara protección o para mostrar su poder, el anfitrión Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, y los otros dos presidentes de los poderes del Estado, Norma Piña y Santiago Creel, expresaron con vehemencia y todas sus letras un mismo mensaje: la importancia de la Constitución como herramienta de paz, como marco que limita las acciones de los gobernantes, como instrumento para la indispensable separación de poderes que asegure la igualdad de todos ante la ley, y la necesidad de recuperar la concordia de los mexicanos en el pluralismo.

Es notorio el contraste entre las dos celebraciones, a pesar de que en ambos casos se trata de un presidente profundamente autoritario. Visto a la distancia, esta disparidad muestra lo que ha avanzado México en estos cuarenta años. Sí, puede haber presidentes que intenten concentrar el poder en exceso, por encima de los demás órganos del Estado. En 1982, ese era el status quo, esa era nuestra condición pre-democrática caracterizada por el autoritarismo de partido. Y López Portillo tomó decisiones, sin contrapeso alguno, que hundieron el país por muchos años: la crisis de la deuda y la expropiación bancaria.

Con López Obrador hemos sufrido avances autoritarios que la Corte presidida por Arturo Zaldívar parecía avalar: la militarización de la seguridad pública, la prisión preventiva oficiosa, la discrecionalidad presidencial en el uso del presupuesto, y ahora la reforma electoral con la que la 4T pretende destazar al INE.

Afortunadamente, la reunión de la República del pasado domingo mostró que todavía tenemos contrapesos que pueden limitar las ansias del Ejecutivo por concentrar el poder y evitar tragedias nacionales. Pero no los tenemos garantizados. De hecho, estamos en medio de una lucha feroz por conservar esos contrapesos y nuestro derecho a decidir, a vivir en un sistema político donde nuestro voto cuente. La amenaza está encima y el campo de batalla definido. Estamos ante una posible tragedia para el país. Espero, con pretensión y verdadera esperanza, que nuestras instituciones protejan nuestra democracia.

Fuente: El Financiero