El Sistema Nacional Anticorrupción tuvo su origen en mayo de 2015, mediante una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que lo estableció como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Como un eslabón del andamiaje anticorrupción se previó -a nivel Federal y Estatal- la participación de las Fiscalías Anticorrupción, en su carácter de instituciones encargadas de la prevención, persecución e investigación criminal de los delitos de corrupción.
En este orden de ideas, el adecuado funcionamiento de las Fiscalías Anticorrupción resulta indispensable para contribuir al trabajo colectivo coordinado que atañe al Sistema Nacional Anticorrupción y los respectivos Sistemas Estatales Anticorrupción.
Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, desde 2020 desarrollaron el proyecto “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, consistente en un estudio detallado sobre los avances y retrocesos de las condiciones actuales de las Fiscalías Estatales Anticorrupción, categorizándolos en 5 rubros:[1]
- Marco Jurídico, orientado a evaluar la normativa vigente y aplicable.
- Recursos, el cual conoce la cantidad y efectividad de los recursos materiales y financieros.
- Capital Humano, mismo que recopila información sobre la cantidad y calidad de los servidores públicos.
- Procesos, que conjunta información sobre las prácticas formales e informales dentro de las Fiscalías Anticorrupción.
- Resultados, el cual conoce el número de procesos penales iniciados por delitos de corrupción, el número de procesos resueltos y la forma de terminación o resolución.
La metodología desarrollada por el IMCO y TOJIL se sustenta en información recabada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mediante diversas solicitudes de acceso a la información formuladas a las Fiscalías Anticorrupción de las entidades federativas, con 64 variables integradas dentro de los referidos cinco ejes de análisis.
Entre los resultados más destacados para la edición 2022, tenemos que aunque las entidades federativas ya cuentan -en su gran mayoría- con una Fiscalía Anticorrupción, estas no tienen los recursos, la normatividad, el personal o los procesos adecuados. Por ello, los resultados aún son insuficientes e insatisfactorios.
A nivel normativo, la mayor parte de las Fiscalías Estatales Anticorrupción carecen de autonomía operativa y de gestión, ya que dependen directamente de las voluntades de los fiscales generales y/o de los gobernadores de los Estados, lo cual -como es comprensible- en nada abona a la certeza que debe existir en los mecanismos de denuncia y en los procesos de investigación y combate a los delitos de corrupción, ni tampoco brinda certidumbre respecto a la actuación objetiva, imparcial y profesional que debe esperarse respecto a Ministerios Públicos y Policías de Investigación.
Presupuestalmente, las Fiscalías Estatales Anticorrupción, enfrentan limitaciones. El estudio efectuado por el IMCO y TOJIL muestra con claridad que existen muchas disparidades presupuestales entre las Fiscalías, lo cual limita sus capacidades de efectividad y en algunos casos, incluso, pone en riesgo el desempeño de su operación cotidiana.
Tratándose de su capital humano, las Fiscalías Estatales Anticorrupción no tienen el personal suficiente ni especializado en la materia, además de que adolecen de procesos adecuados para la selección y formación de personas especializadas y capacitadas idóneamente para la investigación de hechos delictivos de corrupción, todo lo cual, sin duda, redunda en demérito de la calidad y prontitud del desarrollo de las investigaciones atinentes.
En cuanto a sus procesos, existen Fiscalías Estatales Anticorrupción que no reciben denuncias anónimas, lo cual limita las capacidades de investigación ya que inhibe a las personas de reportar posibles hechos relacionados con corrupción. De igual forma algunas Fiscalías no realizan investigaciones de oficio a pesar de tener conocimiento, por medios distintos a la denuncia, de posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con corrupción, en este sentido, las instituciones objeto de estudio retrasan e incluso podrían omitir la investigación de hechos de esta materia.
A nivel de los resultados obtenidos por las Fiscalías Estatales Anticorrupción en los últimos dos años, el estudio revela que, si bien existió un incremento en el número de investigaciones por hechos de corrupción, solo un porcentaje menor llegaron ante un juez y de las mismas, fue un ínfimo porcentaje el que obtuvo sentencia condenatoria definitiva. Incluso, se identificó que prevalece el uso de la figura legal de acuerdos reparatorios en algunas investigaciones y no es claro y convincente que esta forma de terminación del procedimiento pueda ser aplicable -por su gravedad- para los casos de corrupción.
Los datos arrojados por el estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, en su edición 2022, hacen patente la necesidad de insistir en el fortalecimiento de todas y cada una de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción en México, pues es claro que el referido sistema funcionara adecuadamente en la medida en que cada una de las entidades que los conforman cuenten con los elementos necesarios para ello.
Tales elementos, como el estudio lo evidencia, implican: un marco jurídico que garantice la autonomía de las instituciones anticorrupción; la asignación y certeza de los recursos presupuestales; el capital humano idóneo para que –a través de la adopción de procesos armonizados y eficaces- puedan coadyuvar realmente al logro de los resultados que la sociedad demanda en la lucha contra la corrupción
Por ello, nos corresponde -en nuestras esferas de competencia- insistir en el marcaje personal al desenvolvimiento y eficacia que tienen en la práctica las Fiscalías Anticorrupción y cada una de las instancias con las que cuenta el Estado Mexicano en la lucha contra esta grave problemática y también requerir a los órganos del poder público, que la lucha contra la corrupción se haga de manera frontal, asignando a las instituciones los elementos indispensables que se requieren para ello.
[1] El estudio más reciente se encuentra visible en la página web: https://imco.org.mx/persisten-los-desafios-en-la-operacion-de-las-fiscalias-estatales-anticorrupcion-en-mexico/
Por: Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
