Más que un ejercicio de democracia directa, la revocación de mandato promovida por el Presidente, los gobernadores y los militantes de su partido se ha convertido en un efectivo instrumento de propaganda. La movilización de la maquinaria partidista ha sido tan eficiente, que a tres días de que concluya el plazo para la recolección de las firmas requeridas, al Instituto Nacional Electoral llegaron 6.1 millones, es decir, el doble de lo requerido.

El órgano electoral tendrá que verificar que detrás de cada firma de papel y de cada registro digital existe un mexicano o mexicana de carne y hueso. No importa si las firmas vinieron de oficinas gubernamentales, de las filas de vacunación o de padrones de programas sociales. Todo indica que la validación será un mero trámite.

Diseñado como un mecanismo de democracia directa, la revocación de mandato es un instrumento que permite a los ciudadanos solicitar la conclusión anticipada de un mandato. Esto puede ser detonado por un escándalo de corrupción, por una crisis de derechos humanos o por una gestión desastrosa. En países con democracias jóvenes o débiles, la línea entre el legítimo derecho a la participación ciudadana y el control partidista es muy débil. No en balde, solo cuatro países de la región latinoamericana lo incluyen a nivel presidencial: Bolivia,
Ecuador, Venezuela y ahora México.

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