En las últimas semanas, actores políticos de casi todo el espectro partidista han protagonizado un frenesí legislativo al presentar diversas iniciativas de reforma constitucional y proyectos de ley que podrían consolidar las piezas clave de un sistema de rendición de cuentas para México. A las iniciativas destinadas a fortalecer la transparencia y el derecho de acceso a la información (por parte del PRI, PAN y PRD), se añaden aquéllas destinadas a homologar y garantizar procesos de fiscalización y evaluación además de los anunciados mecanismos para garantizar sanciones a funcionarios corruptos. De lo que se conoce hasta ahora se pueden subrayar y ver con optimismo las coincidencias en lo referente a cambios institucionales, normativos y hasta procedimentales (como el fortalecimiento del IFAI y de los órganos de acceso a la información en los estados, la promesa de una ley general de acceso a la información o la propuesta de contar con informes periódicos y accesibles sobre el ejercicio del gasto y presupuesto a nivel nacional, estatal y municipal). Sin embargo, de la baraja de propuestas, pocas son las que otorgan a la participación ciudadana el lugar que merecería en un verdadero régimen de rendición de cuentas. Los viejos demonios sobre los efectos de la ciudadanización y la ineficiencia de la deliberación parecen cerrarle el paso a modificaciones y diseños sustanciales. Aún así tenemos que en las propuestas sobre transparencia, el PRD y el PAN proponen que el nombramiento de los comisionados del órgano garante sea abierto y transparente a la sociedad. El PAN plantea además un proceso de consulta vía convocatoria abierta pero que después sea votado en el Congreso –favoreciendo los consensos– además de incluir el servicio profesional de carrera, la creación de un Consejo Consultivo Permanente de carácter ciudadano en todos los órganos garantes y un procedimiento administrativo en el que un particular puede inconformarse cuando vea negado su derecho de acceso a la información. De igual forma, la propuesta del PRD sobre el sistema nacional de fiscalización eleva a rango constitucional la participación ciudadana en los procesos de fiscalización y rendición de cuentas permitiendo que la ciudadanía pueda denunciar y vigilar la gestión pública. Estas propuestas, que no cuentan con unanimidad, responden a exigencias ciudadanas. No hay que olvidar que la lucha por el derecho de acceso a la información y la agenda anticorrupción ha sido en México un reclamo principalmente de ciudadanos y organizaciones, no de partidos políticos. El contexto internacional, el apogeo de las tecnologías de la información, la pluralidad política y las estrategias de legitimación de nuevos gobiernos contribuyeron a muchos de los cambios concretados hasta ahora, pero quizás estos elementos no hubieran sido suficientes para cristalizar modificaciones sin la existencia de la voz crítica de la ciudadanía. Actualmente, el ambiente de cambio político y exigencia social es favorable para avanzar en la apertura y arraigo de espacios de control ciudadano, espacios que resultan indispensables en un régimen de rendición de cuentas pero que requieren de una comprensión y diseño distintos a lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Partimos de un escenario en el que socialmente predominan: el cinismo y la impunidad, la crisis de credibilidad en las instituciones y la falta de responsabilidad por parte de los funcionarios públicos. Institucionalmente, fuera de la arena electoral, los partidos políticos se muestran herméticos a la participación, o bien, tienen una concepción errática al diseñarla con mecanismos acotados de consulta destinados a legitimar decisiones previamente tomadas. Las dependencias, con supuestos instrumentos participativos, brindan pocos espacios de deliberación, escasa información y débil o nula vinculación entre la participación y su posible impacto en política pública. La Red por la Rendición de Cuentas, conglomerado de 64 organizaciones académicas, sociales y públicas, propone un enfoque a partir del cual la ciudadanía pueda contar con más herramientas para exigir sus derechos, incluido el control sobre los representantes. Plantea que la participación ciudadana deje de ser simbólica para tener efectos vinculantes en todo el ciclo de política pública, y considera a la deliberación pública pieza importante para la legitimidad de las decisiones. Ojalá y en esta coyuntura no le vuelvan a cerrar el paso a la participación ciudadana.