La pandemia por la COVID-19 llegó a México en un contexto de desigualdad social y precariedad laboral. Antes de la pandemia, el 42% (52.4 millones) de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza —34.5% en situación de pobreza moderada y 7.4% en situación de pobreza extrema— (CONEVAL, 2019). Y aunque en la última década se observó un ligero mejoramiento en los indicadores de carencias sociales, en los dos últimos años (2019 y 2020) los hogares de México redujeron sus ingresos en 11% y aumentó la carencia de acceso a los servicios de salud en 78% (Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 2021).
La pérdida de ingresos y las carencias de salud han provocado que 3.8 millones de personas más se incorporen a las filas de la pobreza (CONEVAL, 2021). Durante este periodo, el porcentaje de la población en esta situación aumentó de 52 a 55.7 millones de personas, es decir, en dos años hubo un incremento del 7% de la población en situación de pobreza. De manera más drástica, el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 8.7 a 10.8 millones de personas, lo que se traduce en un incremento del 24% más de la población que ya se encontraba en esta situación.
A este contexto de pobreza y desigualdad se suman los problemas asociados a la precariedad del mercado laboral mexicano. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 56% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en la informalidad (INEGI, 2021). Esto quiere decir que no cuentan con un contrato, estabilidad laboral y/o con algún esquema de protección social. Con la pandemia y las medidas de distanciamiento social de marzo a abril de 2020, 12.5 millones de personas perdieron su empleo y a un año de la pandemia sólo aproximadamente 10 millones han logrado recuperarlo (INEGI, 2021). En su mayoría, las más afectadas por la pérdida de sus ingresos han sido las mujeres –7 de cada 10 empleos perdidos son de este sector—, así como las y los trabajadores del sector informal que están expuestos a despidos injustificados, reducciones salariales y a jornadas excesivas de trabajo.
Al no contar con esquemas de acceso a instituciones de salud y al estar más expuestos a la situación de riesgo de contraer el virus de la COVID-19, las personas en mayor situación de vulnerabilidad se encuentran obligadas a asumir los costos de la atención médica propia y de familiares. Y, quienes no cuentan con los recursos necesarios para solventar los gastos médicos corren el riesgo de morir. El estudio impacto de los determinantes sociales de la COVID-19 en México de la UNAM encontró que de la totalidad de muertes por la COVID-19, el 94% corresponde a sectores en situación vulnerable como trabajadores operativos, amas de casa, jubilados y pensionados (Cortés-Meda y Ponciano-Rodríguez, 2021). Estos sectores generalmente se asientan en los municipios con menor nivel socioeconómico en los que las pruebas de diagnóstico y detección del virus se realizan menos y en los que se observa mayor probabilidad de padecer enfermedades crónico-degenerativas (Ibid).
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