El 29 de marzo de 1995, el movimiento social Alianza Cívica envió una carta a las oficinas del entonces Presidente Ernesto Zedillo para conocer quiénes y bajo qué cargos trabajaban en la Presidencia de la República; cómo se ejercían los recursos para desahogar la función presidencial; cuál era el salario del Presidente y cuál era el contenido de su declaración patrimonial. Ante la negativa de información, Alianza Cívica ponía al descubierto la opacidad con la que se manejaba la famosa “partida secreta”, una disposición constitucional que permitía que un monto importante de recursos públicos fuera utilizado de manera discrecional por el Ejecutivo sin que este tuviera que rendir cuentas sobre su uso.

En ese tiempo, el derecho de acceso a la información era apenas una aspiración reconocida de manera genérica en la Constitución Mexicana. Se señalaba que este debía ser garantizado por el Estado mexicano pero no había ni condiciones para ejercerlo, ni mecanismos efectivos para hacerlo exigible. El texto constitucional también contemplaba el derecho de petición, Alianza Cívica utilizó la figura del amparo para exigir una respuesta. Después de un tiempo el recurso derivó en la entrega tardía e incompleta de información. Este antecedente contribuyó a visibilizar los obstáculos a los que se enfrentaba cualquier ciudadano para acceder a datos de interés público.

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