En el presente contexto electoral se han escenificado diversos conflictos tanto en los tribunales electorales como en las fiscalías especializadas en materia electoral. Varios de ellos han tenido un alto impacto mediático; algunos tienen el legítimo objetivo de garantizar y proteger la legalidad de las elecciones, pero en otros no queda claro si la motivación es utilizar a las fiscalías especializadas como una herramienta para irrumpir en la conversación pública e influir en el electorado, sin un real sustento jurídico.

Al entrar en proceso electoral, los candidatos y los partidos tienen definida su estrategia, las propuestas que realizarán, su programa de gobierno, los mensajes que comunicarán al electorado para convencerlos de que la alternativa que representan es la mejor opción para atender sus preocupaciones y necesidades. Pero de igual forma se despliega una estrategia más sutil, tras bambalinas: las estrategias jurídicas para ‘vigilar’ la legalidad de las elecciones. Pero no nos referimos a la labor de la autoridad electoral; se trata, más bien, de un fuerte control horizontal. Cada partido, cada fuerza política, cada actor está muy atento al cumplimiento de la norma por parte de sus competidores, ya que permitir que las reglas se violenten otorga ventajas indebidas.

Podemos advertir que el flujo de la carga de trabajo de los tribunales electorales1 se incrementa considerablemente desde el año previo a las elecciones (aunque la elección de 2018 es atípica en este sentido).

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Fuente: Animal Político