I. Introducción
La desaparición de personas es uno de los problemas más graves en México y en Jalisco. A pesar de que se han diseñado distintas políticas y acciones de manera coordinada entre la federación y los estados, todos los días se incrementa el número de personas cuyo paradero e integridad física se desconocen.
La desaparición de personas, además de que puede ser catalogada como
delito, viola sistemáticamente los derechos humanos. Quedan vulneradas garantías tales como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo,
con reparación e indemnización; el derecho a conocer la verdad sobre las
circunstancias de la desaparición; el derecho a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud y el derecho a la educación.
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