La extinción de los fideicomisos no es solamente un decreto legislativo, tiene rostro y voces que exigen que los recursos para la ciencia, tecnología, creación artística, protección de víctimas, agricultura, pesca, entre otros fines, se mantengan.

Las comunidades en pobreza también resentirán los efectos de la desaparición de estos instrumentos financieros. Por ejemplo, comunidades costeras de la Península de Yucatán que no obtienen recursos suficientes de la pesca y que reciben dinero del Fondo para el Cambio Climático —que está en la lista de los que se eliminarán— ahora están en vilo.

Para especialistas consultados, el fin de los fideicomisos no tendrá el impacto deseado, pues, aunque la decisión busca acabar con la opacidad de estos mecanismos, prevén lo contrario.

Académicos y expertos de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aseguran que la extinción de los 109 fideicomisos representará mayor opacidad, ya que, ante la falta de normas, los recursos ahora podrían utilizarse con discrecionalidad.

Para los directamente afectados, la eliminación de los fideicomisos significa no sólo pérdida de recursos, sino, también, de oportunidades, retrocesos en luchas de años, así como detrimento en su independencia económica y creativa.

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Fuente: Excelsior