La Procuraduría General de la República (PGR) informó que entre 2006 y 2012 registró a un total de 379 personas que se acogieron a la figura de “testigos colaboradores”, conocidos popularmente como testigos protegidos.
Así lo dio a conocer en respuesta a una solicitud de acceso a la información hecha por un particular, quien se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) porque no le fueron proporcionados los nombres de los narcotraficantes que se han acogido a dicho programa.
El particular pretendía saber el nombre de los narcotraficantes adscritos a dicho programa, organización delictiva a la que pertenecían, utilidad de la información que proporcionaron, beneficio que obtuvieron los narcotraficantes por ser testigos colaboradores, así como los requisitos o condiciones que tuvieron que cumplir para poder ser testigos de esta categoría.
Al respecto, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, indicó que durante el tiempo requerido se tiene registro del número de testigos colaboradores de manera general, y no a nivel de detalle, como lo solicitó la particular.
Asimismo, proporcionó un cuadro estadístico en el que indica que, de 2006 a 2012, se han registrado un total de 379 testigos colaboradores: 43, en 2006; 50, en 2007; 57, en 2008; 61, en 2009; 43, en 2010; 60 en 2011, y 65, en 2012.
En el recurso de revisión, la PGR indicó que los nombres de esos testigos están reservados por 12 años “por encontrarse inmersos en averiguaciones previas, en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
Agregó que la información relativa a los miembros de la delincuencia organizada que prestaron ayuda para las investigaciones, así como el grupo o banda al cual pertenecían, y la utilidad que tuvieron sus datos, también es reservada con fundamento en los artículos 13, fracción IV, y 14, fracciones I y III de la LFTAIPG, que de hacerse pública pondría en riesgo la integridad física de dichas personas y sus familias, con lo cual se violaría lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, y 18, fracción II de la ley de la materia.
Pese a lo anterior, la comisionada María Elena Pérez-Jaén, a quien se le turnó este caso, encontró dos boletines de prensa en el portal electrónico de la PGR, en los que publicó nombres de algunos narcotraficantes que formaban o siguen siendo parte del programa de testigos colaboradores. Tal es el caso de Edgar Enrique Bayardo del Villar y Jesús Zambada Reyes.
Además, también se encontraron notas periodísticas en las cuales se hacen públicos algunos nombres de los miembros de organizaciones criminales de narcotraficantes que se acogieron al beneficio de testigos colaboradores.
Ante ello, el pleno del IFAI instruyó a la PGR a realizar una búsqueda en sus comunicados de prensa y entregar aquellos en los cuales se adviertan los nombres de los testigos colaboradores relacionados con el narcotráfico, de diciembre de 2006 al mismo mes del 2012, cuando dicha información ya se ha hecho del conocimiento público.
En el caso de testigos colaboradores cuyos nombres no se han difundido, el IFAI determinó reservarlos, “ya que darlos a conocer pondría en riesgo la integridad física de dichas personas y sus familias, así como las investigaciones en curso”.
Algunos casos
El Michoacanazo
El 26 de mayo de 2009 fueron aprendidos 27 funcionarios estatales y municipales de Michoacán, así como ediles, jefes policiacos y secretarios de Seguridad Pública. Fueron acusados de vínculos con la delincuencia organizada, en especial La Familia Michoacana. Más tarde se aprehendió a tres funcionarios más, sumando de esa manera 30. Díaz después fueron detenidos cinco más y luego otros, para hacer un total de 38 acusados por la PGR. Posteriormente empezaron a ser liberados por falta de pruebas.
Fueron acusados por los testigos protegidos Jennifer y Emilio.
General Tomás Ángeles Dauahare
El ex subsecretario de la Defensa Nacional fue detenido el 16 de mayo de 2012 por elementos del Ejército, acusado por la PGR de supuestos nexos con el narcotráfico. Estuvo recluido en el penal del Altiplano, pero salió libre el 17 de abril del 2013, luego de que la PGR decidió no sostener las acusaciones en su contra.
Lo acusaron los testigos protegidos Jennifer y Mate.
Ex gobernadores de Tamaulipas
En 30 enero 2012 se informó mediante un comunicado que los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores habían estado vinculados con el crimen organizado.
Las indagatorias incluyeron los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, así como el asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, ocurrido el 28 de junio de 2010.
La acusación corrió por cuenta del testigo protegido El Pitufo.
Greg Sánchez
El 25 mayo del 2010, el candidato de la alianza PRD, PT y Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Greg Sánchez Martínez, fue detenido por la Policía Federal en Cancún, acusado de nexos con el narcotráfico y haber participado en una cumbre de capos en Acapulco. El 20 de julio de 2011 fue liberado bajo las reservas de la ley y obligado a portar un dispositivo electrónico.
Lo acusaron los testigos protegidos Jennifer y Zahed
Noé Ramírez Mandujano
En noviembre de 2008, Ramírez Mandujano fue detenido por su probable participación en una red de corrupción oficial de alto nivel que dio información sobre operaciones federales al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En febrero de 2009 fue ingresado al reclusorio de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusado de recibir pagos de hasta 450 mil dólares mensuales de los Beltrán Leyva. El 15 de abril del 2013 recuperó su libertad al ser declarado inocente.
Sus acusadores fueron los testigos protegidos Felipe, Jennifer, Moisés, Saúl y David.
Publicó Crónica.
