El impasse político de los procesos electorales provocado por la pandemia del COVID-19, no sólo alteró el desarrollo cronológico de algunas actividades sustantivas del proceso político-electoral para la renovación de los Ayuntamientos del estado de Hidalgo, sino que ha creado inquietantes expectativas en relación al nombramiento del Presidente, Vocal Ejecutivo y Vocales (Concejales) que habrán de integrar los 84 Concejos Municipales Interinos, como órgano de gobierno municipal.

De haberse realizado las elecciones el pasado 7 de junio, los nuevos Ayuntamientos electos deberían tomar posesión el próximo 5 de septiembre, sin embargo, toda vez que el proceso electoral fue suspendido, estamos esperando que el Consejo de Salubridad General indique que es seguro realizar la elección y que el Consejo General del INE emita el acuerdo autorizando una nueva fecha para llevar a cabo la Jornada Electoral. Al respecto circuló la noticia de que podría efectuarse el 30 de agosto, o bien el 6 o el 20 de septiembre, estimando que se requieren 70 días antes del día de los comicios para cumplimentar las actividades que fueron suspendidas.

El no haber realizado las elecciones, actualiza el presupuesto previsto en los artículos 126 y 34 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo (CPEH) y de la Ley Orgánica Municipal (LOM) respectivamente, para que el Congreso del Estado Integre Concejos Municipales Interinos, ante la ausencia de nuevos Ayuntamientos.

Frente a esta circunstancia, la discusión pública cuestiona la carencia de un procedimiento que norme con reglas claras la manera de proceder al nombramiento de los integrantes de los Concejos Municipales Interinos, siendo quela Constitución de Hidalgo y la LOM, que confieren al Poder Legislativo el ejercicio discrecional de esta atribución.

Este escenario genera inquietudes, incertidumbre y desconfianza de que en el nombramiento de los Concejales se imponga la fracción parlamentaria mayoritaria. Esto se debe a que este grupo se ha distinguido por su incapacidad, falta de responsabilidad y compromiso social y político en la toma de decisiones institucionales, y ha protagonizando espectáculos en los que la lucha por el poder, los presupuestos y los intereses en favor de sus partidos y grupos, han primado sobre la defensa de los intereses del pueblo, al que se supone representan.

En esta coyuntura, el peso de la legalidad y la legitimidad en la designación de Concejales, debe vincularse a los intereses de los ciudadanos de las comunidades, barrios y colonias del municipio, porque el valor y legitimidad que tiene este acto, no debe quedar en entredicho y mucho menos puede ser considerado como botín de corsarios, porque se provocarían inconformidades e ingobernabilidad. En pueblo chico, infierno grande, no lo olviden.

Más allá de la parquedad de los vacíos del marco jurídico municipal, la réplica ciudadana en relación a la integración de los Concejos Municipales Interinos, plantea que la premisa a discutir estriba en fortalecer al Ayuntamiento mediante una  actualizada Ley Orgánica Municipal, que con una visión moderna y comprometida, sea el sustento jurídico que acompañe su desarrollo, responda a la dinámica social, revitalice su autonomía como orden de gobierno, y preserve y ensanche los derechos de los ciudadanos.

El valor que tiene integrar los Concejos Municipales Interinos es muy grande, porque como órganos de gobierno, asumen la responsabilidad de la operatividad política, legal y administrativa del Ayuntamiento, por lo que su integración deberá realizarse en un clima de entendimiento y armonía, donde prevalezca el interés de la ciudadanía y se salvaguarde y fortalezca la unidad de la sociedad.

En estos tiempos convulsos de crisis de salud y económica, y de inseguridad, desempleo, división y confrontación, es fundamental preservar la unidad de la sociedad frente a la amenaza polarizante que se promueve cada mañana. Esta es razón suficiente para reformar la LOM y establecer las reglas de un procedimiento claro que sustituya la facultad discrecional del Poder Legislativo para integrar los Concejos Municipales Interinos.

Es imperativo es reconocer la insuficiencia de la atribución vigente y aceptar la premisa de que todo acto discrecional del poder público, es un acto antidemocrático.

Por eso es necesario garantizar que el procedimiento de mérito se afirme en prácticas de Parlamento Abierto, y trascienda la pluralidad del régimen político y de gobierno, para que sea cual fuere la mayoría parlamentaria, prevalezca la armonización de poderes e instituciones de un régimen democrático.

El Poder Legislativo debe percatarse que la sociedad no ha cambiado su percepción y sigue considerando que, en la política, la ciudadanía opina pero no decide, y donde los que integran los órganos del poder público, responden sólo a sus intereses. Reflexionar esta condición debe hacernos repensarse las potestades del Poder Legislativo y del Ayuntamiento, uno como digno depositario de la soberanía del pueblo, y otro, como orden de gobierno y estamento primario ciudadano, en el que se gesta la dinámica social.

Con este propósito político-jurídico, he propuesto que los candidatos y candidatas a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores suscriban un Acuerdo para un Nuevo Pacto Social Municipal, que permita constituir una Nueva Gobernanza para una Gobernabilidad Democrática; implementar una Reforma Administrativa que organice la División Política Regional del Municipio, y cree estructuras institucionales, comunitarias y vecinales en el marco de un Sistema Municipal de Cultura Cívica y Participación Ciudadana.

Esta es la única forma de construir los liderazgos que necesita nuestro constructo social. Por eso, el Ayuntamiento debe materializar su plena autonomía desde un Sistema de Participación Ciudadana, horizontal a todas sus estructuras institucionales, y promover la formación de liderazgos sociales, comunitarios y vecinales, respetados y reconocidos por su trabajo comprometido.

Lograr este propósito implica superar la incapacidad política, y acabar con el alejamiento de la ciudadanía que provocan vacíos de poder, incomunicación y el surgimiento de liderazgos propicios al populismo, a la demagogia, al caudillismo y al autoritarismo que son evidencia clara de la debacle de legitimidad y de representatividad, que frenan la conducción de inquietudes y demandas de la sociedad.  

Requerimos liderazgos articuladores que sepan lo que quiere la ciudadanía y lo concrete con acciones y resultados, que materialicen el juego de pesos y contrapesos institucionales, y cristalicen una intensa cercanía con la ciudadanía que se erija como pilar del desarrollo y del Derecho Humano al Buen Gobierno.

Agenda

• El CEN de MORENA encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, denunció en la ventanilla de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República a Yeidckol Polevnsky, por lavado de dinero y presunto daño patrimonial por la compra de 39 inmuebles por los que se pagaron 809 millones de pesos.

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