El riesgo de una crisis política y social para el régimen democrático de la República, impone a las estructuras institucionales atender los procesos políticos con los recursos y formas disponibles que permitan perfeccionar, armonizar y modernizar nuestra democracia, acorde con la dinámica de la soberanía popular.
¿Cómo enfrentar este desafío?, ¿qué hacer?, ¿por dónde empezar?
Los partidos políticos que participan en el proceso electoral para renovar los Ayuntamientos en el estado de Hidalgo, deben encontrar la manera de superar la crisis de salud y la recesión económica, que amenazan la estabilidad del tejido social.
Para ello, desde la realidad de cada municipio, es urgente pensar en la importancia que tienen los procesos electorales, e imaginar, diseñar, definir y construir la democracia que queremos; la representación social a la que aspiramos; lo que necesitamos hacer para extinguir prácticas anacrónicas que ignoran las legítimas demandas de la sociedad; cómo evitar los estragos políticos por la autoexclusión del sufragio; la forma de recuperar la pérdida de legitimidad política; la manera de impedir una conducción gubernamental sórdida y superflua, con intereses sectarios en menoscabo de la voluntad del pueblo.
Gobernar como hasta ahora es perder el tiempo. Necesitamos reglas nuevas para salir adelante.
Lo primero que tiene que hacerse es preservar las condiciones de gobernabilidad impulsando la creación de un Acuerdo de Reestructuración Política, que edifique un Pacto Social mediante una Nueva Gobernanza, donde la voluntad y compromiso de pueblo y gobierno, se erija como principio transversal del quehacer público.
Este acuerdo implica que nuestra convivencia se forje al amparo de nuevas reglas, que permitan consolidar nuestros procesos democráticos y fortalezcan nuestra institucionalidad.
Tienen que generarse condiciones de gobernanza, propiciando “una forma moderna de gobernar que sustituya al modelo jerárquico por un modelo cooperativo, donde instituciones de gobierno y privadas y diferentes actores, colaboren en el diseño e implementación de instrumentos de política que permitan dar solución a los problemas sociales. La nueva gobernanza considera la participación ciudadana en la esfera pública como condición indispensable del ejercicio de gobierno.” (Mayntz y Lacay).
Es necesario entender que el sistema político tiene que cambiar, porque ya no representa a los ciudadanos que ahora gozan de mayor capacidad de representarse a sí mismos.
La vida de nuestras sociedades se ha modernizado y ha cambiado con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). El internet y las redes sociales, han permitido la libre expresión de ideas, anhelos y aspiraciones; la convocatoria y organización de acciones cívicas y políticas y una participación en diálogos globales, nacionales o locales. Y la mayor cobertura educativa, el surgimiento de una ciudadanía mejor informada y más participativa, exigente y crítica.
El grave rezago de los partidos políticos, resulta evidente frente a esta modernidad. No se dan cuenta que las cosas han cambiado y siguen percibiendo a los ciudadanos como simples espectadores de un juego en el que no participan, y en el que sólo son utilizados como receptores pasivos de un monólogo decadente y fuera de la realidad, que simplemente convalida procesos electorales cada tres, cuatro o seis años.
En el próximo proceso electoral, partidos políticos, candidatas y candidatos están frente a la gran oportunidad de evolucionar políticamente y lograr que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno, se comprometan a construir un Acuerdo para una Nueva Gobernanza, que establezca la participación ciudadana como protagonista de una nueva relación entre sociedad y gobierno, capaz de recobrar la credibilidad y confianza del pueblo en sus instituciones.
El Acuerdo para una Nueva Gobernanza implica establecer una Política Pública para el Fomento de la Cultura Cívica y la Participación Ciudadana, que impulse trasversalmente el desarrollo de diversos mecanismos que activen y fomenten la creación de estructuras institucionales, comunitarias y vecinales; articule elementos orgánicos, sectoriales y territoriales; encauce la fuerza social a la solución de necesidades y aspiraciones ciudadanas; revitalice las formas de cohesión social; y responda de manera proactiva a situaciones críticas del entorno ciudadano.
Y como categorías interdependientes, la cultura cívica y la participación ciudadana tienen nexos que permiten identificar, desarrollar y fortalecer acciones enfocadas a enlazar y vincular gestiones para generar una ciudadanía de calidad, que corresponda a una sociedad informada, deliberante, crítica y propositiva.
Asimismo, la cultura cívica y la participación ciudadana, estructuran su transversalidad garantizando su vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción, de Fiscalización, de Transparencia, de Planeación Democrática, de Evaluación y con la Alianza para el Gobierno Abierto.
Hay que tener presente que la participación ciudadana es un Derecho Humano reconocido en México con la reforma constitucional de 2011, que hizo posible la integración de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, como parte del bloque de constitucionalidad del sistema jurídico mexicano.
Dicha reforma también consideró la evolución conceptual de los Derechos Humanos en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes Ciudadanos en Relación con la Administración Pública, que los regula como parte del Derecho Humano a un Buen Gobierno, que implica el derecho a conocer, a ser oído, a evaluar y a opinar sobre cualquier tema que pudiera impactar o resultar de interés público.
Empero, no obstante este reconocimiento, falta su incorporación en el texto constitucional. En el estado de Hidalgo, la constitución no reconoce expresamente el Derecho Humano a la Participación Ciudadana, aunque sí se establecen mecanismos de participación ciudadana en diversas leyes, que incluso disponen el funcionamiento de Consejos Consultivos.
Los partidos políticos deberían intentar articular estas alternativas planteadas. No tienen nada que perder y en cambio, pueden ganar la credibilidad y confianza que han perdido.
Tienen que revertir el desencanto con la democracia por sus resultados precarios, escasos e insuficientes y la incertidumbre de una realidad compleja y aleccionadora, que anuncia un futuro incierto y complicado en lo económico, en lo político y en lo social.
El Ayuntamiento como estructura histórica de acción política ciudadana, no puede perder potestad ni sentido, por el contrario, debe potenciar nuevas vías de entendimiento público para que la acción ciudadana encuentre el cauce democrático extraviado, en pro de una nueva era en el ejercicio de gobierno horizontal y de gobernanza asociativista.
Agenda
- Argumentando una severa recesión en 2020 y el bajo crecimiento actual y esperado, la agencia calificadora Fitch bajó la notas crediticias de Pemex y de la CFE, lo que pondría en riesgo la calificación del grado de inversión de la deuda soberana, provocaría la salida de capitales, el encarecimiento del financiamiento externo y de las importaciones y una mayor depreciación del peso frente al dólar.
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