Estamos semiparalizados desde mediados de marzo.  La pandemia del COVID 19 es la causa; y la transparencia, el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) y la Protección de los Datos Personales (PDP) están, como nunca, a debate.

Qué en la dramática situación exige transparencia a los gobiernos, como autoridades sanitarias del Estado.  Cómo ejercer el Derecho a la Información y de manera concreta el DAIP ante la desinformación en tiempos de la autocomunicación de masas acelerada por las llamadas redes sociales en la web 2.0.  Por qué para respetar la privacidad, de los eventuales enfermos, fallecidos y sus familiares es tan importante el ejercicio de la PDP.

Las cuestiones mencionadas no son preguntas ociosas.  Tal vez, si me permiten la osadía, podría plantearlas más como guías para construir una hipótesis de trabajo sobre algo de la complejidad del dramático panorama.

Reflexionemos sólo sobre el derecho a la información partiendo lo primero, lo de la transparencia.  Tendríamos que analizarlo considerando lo que puedo llamar dicotomía de la opacidad.  Es decir de dos condicionantes políticas que no permitirían que las decisiones de los gobiernos estén, en la medida del principio de máxima publicidad, a los ojos de los gobernados. 

La primera es la de la mendacidad, es decir del hábito de mentir propio de los políticos de profesión, cuyas consecuencias son graves en casos como éste relacionado con la salud pública.  Dar información oficial sin sustento científico es la característica clave que en este caso preocupa.  Dos ejemplos me parece que pueden ser sintomáticos de como la opacidad politizada traería consecuencias importantes.  Uno es la idea apresurada de cerrar fronteras cancelando vuelos de un país a otro como lo habría hecho Nayib Bukele en El Salvador y otro la insistencia del gobernador de Jalisco de utilizar las llamadas pruebas rápidas de detección del virus en una persona, que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que no sirven.

La segunda condicionante política de la opacidad, en la coyuntura de la pandemia, es la ineficacia organizacional y de comunicación de los gobiernos.  Sobre todo en el ámbito subnacional, o sea en el caso de México los ejecutivos de las treinta y dos entidades federativas, y aún más en los gobiernos municipales.

Comunicar a la gente, con resultados favorables, la medida masiva de sana distancia, de quedarse en casa, ha evidenciado terribles carencias.  Poca credibilidad, como autoridad moral, da la gente al presidente municipal o al gobernador, cuando le ordena, más que pedirle, salga lo menos posible a la calle.  Convencer de que la situación es delicada y exigir obediencia no es coherente con el actuar cotidiano que los ciudadanos, principalmente, observan en tales funcionarios públicos. No se les obedece casi sólo para llevarles la contraria.  No hay razones para la rebelión silenciosa, se guardan, nos guardamos, la expresión de que somos libres y nos escudamos en lo que muchos sí padecen y externan hasta dolientes de que si no salen a trabajar, no comen.

Está claro, la falta de transparencia gubernamental, juega a favor de la propagación del virus, pero el problema se empeora, considero, con la evidencia de que no ejercemos nuestro derecho a la información y menos en DAIP.

Respecto a nuestro derecho a la información, se incorpora de manera lógica lo que comúnmente llamamos medios de comunicación, principalmente los considerados como mass media, o medios masivos de comunicación: televisión, radio y la gran prensa impresa.  Empresas, precisemos, dedicadas a vender publicidad a la par de proporcionar información, noticias de lo que acontece en la sociedad.  Consorcios que alguna vez se llegaron a considerar un “cuarto poder”, pero que en realidad corresponden a cierto poder cultural, es decir de control de información, como conocimiento.

Control que con el advenimiento de la internet, y particularmente la internet interactiva conocida como web 2.0; y las llamadas redes sociales como Twitter, Facebook o Youtube; se ha diluido para dar paso a lo que Manuel Castells llama la autocomunicación de masas.  Transformación que se puede entender en la medida de que podemos decir, no que “usamos” internet, sino que “estamos” en internet.

No usamos Twitter o Facebook, interactuamos en esas comunidades virtuales.  Habitamos el “espacio de los flujos”, que el propio Castells, nos dice se compone de nodos (digamos que cada ordenador fijo o móvil, un Smatphone o una Tablet lo es) y ejes.  Así cada click, como pulsación electrónica, posibilita que el receptor diletante de los mass media, se convierta ahora en eventual emisor de noticias o de información de una manera interactiva.  Cada ciberciudadano, para llamarlo de manera específica se da cuenta que tiene la posibilidad de aceptar o rechazar información y de la misma manera compartir la que considera válida o es afín a sus intereses, casi con un sólo click.

Para enfrentar a la pandemia del COVID 19, como asunto público, exige que la gente esté informada y el derecho a la información está ahí.  De hecho la información está ahí.  Pero debido a cuestiones como la brecha digital, o la falta de hábito de informarse, aún pocos lo ejercemos.  Nos contentamos con memes simplistas, aunque pueda haber algunos buenos.  Nos cuesta entender o siquiera atender un infografía.  Prácticamente no abrimos links de artículos de divulgación científica, de sociología pública y menos de artículos científicos en pdf.

Mucho nos falta para pensarnos y actuar como mayores de edad, como ciudadanos, como personas que tenemos derecho a tener derecho. Problemas graves como el que padecemos debiera ser aprovechado para reflexionar en ello.

Por: Claudio Cirio

Fuente: CONTRAOPACIDAD