La oferta política de partidos y candidatos no puede presentarse inconexa de las aspiraciones de sus bases ni de la sociedad. Tal imprudencia política provoca la crisis de representatividad cuyos estragos son de todos conocidos.

Bajo esta prescripción, los partidos políticos deben abrir sus estructuras y prácticas a nuevas lógicas de militancia y de selección de candidatos ytomar conciencia de que todo proceso electoral es un espacio de acción cívica y política, donde se repudian las democracias tuteladas y las componendas gatopardistas del poder político, y la soberanía la ejerce el peso de la voluntad ciudadana.

La evolución política en el país debe marcar el cambio de las estructuras institucionales y del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; garantizar que las fuerzas políticas apoyen a la sociedad; organizar la voz de la ciudadanía como contrapeso gubernamental y hacer que su participación sea el vector que otorga magnitud y sentido al proceso electoral.

Requerimos la Universalización del Derecho Humano al Buen Gobierno para que la sustentabilidad de la democracia participativa, consolide el ejercicio del poder público y trace el legítimo equilibrio de la acción ciudadana en el quehacer público. Demandamos hacer que los procesos electorales constituyan una ventana de oportunidades y hacer de la co-creación de la tarea pública el crisol de la dinámica social, que transforme la realidad de manera incluyente y abra oportunidades al tejido social, como prioridad absoluta del ejercicio de gobierno.

En esta tesitura, deben desaparecer la imagen de partidos y candidatos como astros azules y lejanos, y las estructuras centralistas del ejercicio de gobierno, donde la voz de sus representantes al aparecer como juez y parte, obstruye no sólo los procesos democráticos, sino también el mandato ciudadano.

Hay que entender que resulta inaceptable la obstrucción sistemática de todo proceso electoral, porque impide la voluntad del pueblo y proscribe la razón del gobierno, entorpece la horizontalidad de la toma de decisiones, y dificulta que la imaginación e inteligencia política de la ciudadanía recobre el verdadero sentido del ejercicio de gobierno.

El imperativo categórico de la ciudadanía es que los partidos y candidatos que participen en la contienda electoral municipal en Hidalgo el próximo 7 de junio, lo hagan con civilidad, le den rumbo y sentido y la realicen con responsabilidad y congruencia política. Esto quiere decir que primero deberán mostrar un profundo conocimiento de la realidad política, económica y social municipal, y segundo imponerse el compromiso de ejercer el poder público desde la génesis de la Universalización del Derecho Humano al Buen Gobierno Municipal.

En este trazo político, una sola visión ha de sobresalir: se debe derrotar viejas prácticas de poder unipersonal en los procesos electorales y propiciar la participación ciudadana para comprender la realidad histórica de nuestra sociedad.

La prescripción que sobresale para partidos y candidatos estriba en conocer la problemática que afronta la prestación de los servicios públicos municipales, como la seguridad pública, el manejo de residuos sólidos, el agua potable, el drenaje, el alumbrado público, entre otros.

Asimismo, es menester que las aspiraciones de las comunidades que integran el municipio concreten el desarrollo de sus condiciones económicas, socioculturales y de bienestar de sus pobladores.

Los recursos humanos reclaman coadyuvar a elevar la calidad de la educación primaria, secundaria, media superior y superior; ampliar y mejorar los servicios de salud; y mirar con objetividad las circunstancias en las que se desarrollan la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el comercio, los servicios, la industria y, en general, los sectores productivos.

Con esta visión sustantiva debe construirse el marco programático de inclusión social del proceso electoral, e iniciar una nueva relación de diálogo político, con universidades y con organizaciones de la sociedad civil, respecto a la potencialidad de los recursos con que cuentan los municipios.

De igual manera, la lectura de los tiempos del cambio político de la realidad imperante, imponen el conocimiento pleno de las finanzas públicas municipales, esto es del Presupuesto de Egresos, de la Ley de Ingresos, de la deuda pública municipal y del monto de las aportaciones y participaciones federales y estatales a que tienen derecho, para tener certeza de que los ofrecimientos de campaña tienen viabilidad financiera y no terminarán siendo simple promesa cuyo incumplimiento afecta la credibilidad y la confianza en los partidos y en el gobierno.

Estas son algunas consideraciones esenciales de una oferta política que entiende y hace suya la dinámica social, y considera que más allá de los discursos de campaña, la ocasión es propicia para conformar un Consejo Ciudadano para el Desarrollo Municipal (CCDM), impulsado desde el Cabildo Municipal, mediante la creación de una Comisión Edilicia y el Reglamento que convoque a la ciudadanía a participar de manera libre, abierta y plural a presentar iniciativas, propuestas concretas y trabajos que sean de interés público.

Proceder de esta manera, garantiza que el ejercicio del poder público cumpla y haga cumplir el Derecho Humano al Buen Gobierno Municipal, ya que el alcance de la administración de este nivel de gobierno, implica articular y conducir con eficacia y eficiencia las funcionalidad de las dependencias gubernamentales; administrar con probidad los recursos humanos, financieros y materiales asignados para cumplir sus atribuciones legales y constitucionales; y conducir los esfuerzos comunitarios de una sociedad que demanda ser incluida en la construcción de mejores condiciones de bienestar.

La radiografía del modelo político vigente, exige reorientarlo hacia un sistema de integracionismo republicano, donde la ciudadanía activa y participativa exprese desde el municipio el valor de la acción de gobierno, y diseñe los procesos de integración social entre Estado y sociedad, como principio de alianza democrática en el ejercicio del poder público.

Garantizar la Universalización del Derecho Humano al Buen Gobierno Municipal, implica reconocer constitucionalmente la Participación Ciudadana como Derecho Humano y que las estructuras institucionales y los servidores públicos, trasciendan a una nueva ética pública y de transparencia que ubique la probidad como vector de la salud del Estado, e instaurar un Open Government, que ilustre con integridad pública y política el proceder de la Nación desde el quehacer de los gobiernos municipales.

Agenda                                             

• Resulta preocupante el reporte del INE sobre la drástica reducción de la militancia de los partidos políticos, que perdieron en conjunto un 70% de sus afiliados lo que pone en riesgo su registro nacional, ya que en el proceso de revisión y actualización de sus padrones, no lograron acreditar o refrendar el respaldo ciudadano tal y como lo establece la ley de la materia.

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Por: Esteban Ángeles Cerón

Fuente: Perspectiva