Hemos insistido que en el contexto de cualquier proceso electoral, es muy importante fomentar la participación ciudadana vinculada a la decisión de conferir la voluntad política, en favor de candidatos, con o sin partido político.
En Hidalgo se renovarán los 84 gobiernos municipales, y para partidos y candidatos, recibir esta voluntad política de los ciudadanos, implica comprometerse a ejercer el poder en el marco de un proyecto de gobierno incluyente, cuyo objetivo sea llevar a cabo las diversas propuestas que solucionen los problemas y demandas más sentidas y observadas de la población, producto de un consenso ciudadano que otorgue legitimidad.
En el supuesto de que los candidatos que contienden por los encargos de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, además de conocimientos, experiencia, militancia y reconocimiento social, tienen una clara vocación política de servir y muestran una conciencia política como la razón que guía su proceder más allá de aspiraciones personales, no pueden olvidar que estas suelen concretarse cuando se realiza una tarea de manera expedita y satisfactoria y cuando se demuestra liderazgo y capacidad de orientar y conducir los esfuerzos comunitarios. Los ciudadanos suelen premiar el encargo con nuevas oportunidades para seguir sirviendo.
Los candidatos deben considerar seriamente que el poder no es para siempre ni de un solo hombre. No existen servidores públicos omnipotentes, omniscientes ni omnipresentes. El gobierno municipal es un gobierno que se ejerce colegiadamente, el puesto es finito y se debe gobernar a través de una razón incluyente, porque el ejercicio público se hace en público.
Partidos y candidatos deben mostrar que han pasado a una etapa máxima de evolución política, donde aseguran el equilibrio en la conducción del ejercicio de gobierno en forma horizontal, asociativista y en constante concertación progresista.
Durante las campañas políticas, seguramente propondrán cambiar muchas cosas, pero no deben perder de vista que todo cambio debe hacerse garantizando el Derecho Humano al Buen Gobierno, donde la participación ciudadana, vigilante y articuladora de la tarea pública, sea la verdadera esencia de una sociedad organizada y de una democracia gobernada por el pueblo, “sin enconos, sin descalicaciones y sin celos”.
Lograr la trasformación de la realidad social de los municipios y abonar a la gobernabilidad democrática, como matriz de equilibrio social, debe generar oportunidades, estabilidad y derrotar la verticalidad política, lo que equivale a honrar el espíritu de nuestro Contrato Social y recobrar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y en el gobierno.
Mauricio Merino, al respecto nos señala que: “Ninguna de las grandes transformaciones que ha vivido el país fue obra de un hombre solo, todas fueron acción colectiva, fraguadas con mucho esfuerzo, con muchas contradicciones y mucho tiempo. Ninguna llegó exactamente al lugar que se había propuesto y todas atravesaron por momentos de traición y derrota; pero ninguna podría subsumirse en la biografía de una sola persona. Las grandes páginas de México han sido escritas por muchos y muy buenos autores.”
En este plano de acción ciudadana, ¿qué acciones demanda el proceso electoral municipal en Hidalgo?
La ciudadanía debe expresar conciencia plena de la oportunidad política que se juega y conducir vigilante las acciones del proceso electoral. El voto programático tiene que elevar su potencialidad efectiva en la toma de decisiones gubernamentales; y la vocación pública de la sociedad debe sobresalir y encauzar las futuras acciones del Estado.
Si a estas acciones se suman las objeciones al poder sacramental de partidos y candidatos, y en general, del sistema político, no habrá cabida para mesías o merolicos, que abusan de la voluntad del pueblo. En este contexto, la carta de discriminación ciudadana del mérito político de los candidatos, se torna indispensable para hacer de los representantes públicos, ciudadanos comprometidos con el tejido social.
Sin lugar a dudas, el proceso electoral debe estar investido de dignidad política, para devolverle al ciudadano la confianza que deviene de la probidad y honestidad protocolaria de las acciones de gobierno. Esta realidad puede, en los hechos, crear la catarsis social hacia la credibilidad en las acciones de partidos políticos y gobierno, y generar la legitimidad necesaria, si se hace a través de la transversalidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones del Estado. Partidos y candidatos no pueden sustraerse, ser comparsa o entes de absorción diferida de la voluntad del pueblo.
El vector sensible es la participación ciudadana como génesis de una democracia madura e inteligente, y de principios de gobierno abierto y en público que expresen nuevas formas de inclusión política por parte de partidos y candidatos, rompan con las inercias del viejo modelo político, y superen las sinergias de una clase política anquilosada, que añora legalizar dictaduras disfrazadas o democracias titiriteras, productos de la oscura simulación política.
La estabilidad institucional y el equilibrio social son consustanciales a la participación política, encausada por los partidos, por esta razón la selección de sus candidatos debe estar acorde con las condiciones que permitan crear un proyecto de desarrollo humano en un gobierno incluyente, capaz de traducir las necesidades y aspiraciones sociales a la planeación democrática, y a las plataformas programáticas, las respuestas operativas del Estado en comunión con la sociedad civil.
En esta perspectiva analítica, el proceso electoral en Hidalgo no puede refrendar prácticas anquilosadas de partidos y candidatos, y mucho menos, constituir una experiencia antidemocrática que obstruya los derechos políticos y humanos de una sociedad en franca rearticulación política en el país, donde los ciudadanos ya no pueden ser relegados de la construcción programática del gobierno.
Ningún pueblo puede vivir postrado ante la corrupción e impunidad política, porque ello presupone una derrota de lesa humanidad.
Asegurar que un proceso electoral encauce la voz del pueblo, no es un privilegio de instituciones, autoridades, partidos y candidatos; sino la obligatoriedad de la interacción socio-política, que mandata el Estado Democrático de Derecho, como valor supremo de la soberanía popular, que en paz y armonía, procesa el futuro político de la Nación.
Agenda
- El Banco de México (Banxico) disminuyó en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 7%
- El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó una iniciativa de reforma para el Poder Judicial, que plantea transformar la justicia con medidas para prevenir la corrupción, profesionalizar a los jueces y agilizar la resolución de casos, mediante la reforma de siete artículos de la constitucionales, cinco ordenamientos entre ellos la Ley de Amparo y la creación de dos nuevas leyes.
Fuente: Perspectiva
Por: Esteban Ángeles
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