La desaparición de personas en México ha alcanzado tal magnitud que el propio gobierno federal la ha nombrado una crisis humanitaria; lo que ha llevado al mismo presidente a señalar que, ante la gravedad del problema, este tema es una de las prioridades para el actual gobierno y que no habrá límite presupuestario para combatir y erradicar la desaparición forzada y por particulares.

A esta crisis humanitaria la acompaña otra crisis que empezó a ser denunciada públicamente a mediados del año pasado: la forense, caracterizada principalmente por la ineficiencia de los servicios médicos forenses para identificar a las personas sin vida que ingresan a diario a los servicios forenses de todo el país. Esta crisis ha sido producto de los asesinatos que también se elevaron junto con el fenómeno de las desapariciones, a consecuencia de la denominada guerra contra las drogas. Actualmente existen más de 37 mil personas que aún no han sido identificadas y que se encuentran en resguardo de los servicios forenses en México, entre fosas comunes, refrigeradores, contenedores y osteotecas; ello sin contar los cuerpos y restos que se han encontrado en las 3,024 fosas clandestinas que han sido halladas del año 2006 a la fecha, muchos de ellos aún no han sido ni siquiera rescatados de dichas fosas.

El aumento de cuerpos sin identificar, aunado a la ineficiencia de los servicios forenses en el país, dieron como resultado casos como el del estado de Jalisco, en donde recurrieron a la incineración de cuerpos sin realizar una identificación previa, a fin de combatir la saturación de cuerpos en sus refrigeradores, resultando en una doble desaparición, esta vez para siempre. El caso en el estado de Guerrero, donde el año pasado ante la acumulación de cuerpos sin identificar y la falta de estructura para un resguardo adecuado generó un olor fétido por la cantidad de cuerpos en descomposición que llevó a funcionarios a ponerse en huelga, pues el olor hacía insoportable la labor cotidiana del resto de la Fiscalía. También son comunes las historias de personas que han buscado a sus familiares desaparecidos y que después de mucha insistencia se enteraron de que, la persona que buscaban llevaba meses esperando ser identificada en los servicios forenses estatales.

En este contexto, desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) junto con las organizaciones de la sociedad civil que lo acompañan, se empezó a visibilizar la importancia de contar con un mecanismo que se dedicará exclusivamente a identificar a todas esas personas sin vida que se han acumulado en los servicios forenses. Por ello, en mayo de este año se llevó a cabo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde por primera vez se denunció públicamente frente al gobierno mexicano la crisis forense y, en consecuencia, la urgencia de tomar acciones inmediatas para afrontar esta emergencia; ahí, el MNDM expuso la necesidad de crear un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

Finalmente, y tras muchos meses de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Búsqueda, el pasado 5 de diciembre se aprobó por unanimidad la creación del MEIF. Este Mecanismo tiene como objetivo dar identidad a las más de 37 mil personas que se encuentran en los servicios forenses, así como intervenir -según sus capacidades- en la identificación de personas y restos que han sido encontrados en fosas clandestinas.

Si bien el MEIF se hará cargo de este rezago, debe de existir el compromiso por parte de las autoridades estatales y federales de fortalecer al mismo tiempo los servicios forenses para que estos se hagan cargo de los casos que vayan surgiendo en el día a día, y evitar reproducir nuevamente una crisis forense como la que vivimos actualmente.

Por su parte, el MEIF aún debe pasar por un proceso de construcción como un mecanismo del Estado y una implementación que esperamos sea efectiva, pronta y sencilla para poder llevar un poco de paz a esas familias que llevan años e incluso décadas buscando a sus seres queridos desaparecidos.

Por: Natalia Cordero

Fuente: Animal Político