El pasado 25 de noviembre, justo en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Abril Pérez fue asesinada a tiros en presencia de sus hijos mientras se trasladaba al aeropuerto de la Ciudad de México. Si bien no fue el que disparó el gatillo, todo indica que se tiene que investigar a su ex marido, a quien Abril había denunciado en enero de este año por intentar matarla.

La familia de Abril, sin embargo, ha señalado que no solo debe indagarse en la responsabilidad de su ex marido, sino que tenemos que ahondar también en el papel que jugaron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX involucrados en su caso. Según se ha reportado en medios, los jueces determinaron, primero, que el caso debía de investigarse como un asunto de lesiones y violencia familiar -y no como tentativa de feminicidio- y, segundo, que el imputado debía seguir el proceso en libertad, a pesar de los riesgos que ello implicaba.

A pesar de que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad anunció que, en lo que prosigue con la investigación, decidió suspender a dos de los jueces, la ciudadanía seguimos sin tener acceso a las resoluciones del caso. ¿Qué fue lo que falló? ¿De quién, en concreto, es la responsabilidad? ¿Qué tendríamos que reformar para garantizar que no se repita un caso así? No sabemos bien. ¿Lo peor? El caso de Abril no es la excepción: tratándose del poder judicial, la opacidad es la regla, no la excepción.

En México, no tenemos acceso a la parte más sustantiva del trabajo de nuestros jueces: las sentencias. Lo único a lo que los ciudadanos podemos acceder son las sentencias emitidas por instancias federales. Sin embargo, 2 de cada 3 asuntos -como el de Abril- se resuelven a nivel local.

Esta opacidad está respaldada en la Ley General de Transparencia, la cual establece que los poderes judiciales estatales están obligados a publicar únicamente las sentencias que ellos mismos consideran son de “interés público”. No existe una definición de qué se entiende por “interés público” y esto, como lo documenta el informe (In)Justicia Abierta publicado por EQUIS Justicia para las Mujeres, ha contribuido a que hoy día haya 18 tribunales que no han hecho pública ni una sola sentencia durante los últimos dos años. El mismo informe también muestra que al poder judicial poco le interesa acercarse a la ciudadanía y establecer canales de comunicación con ella. Vaya: ni siquiera les queda claro qué es la participación ciudadana.

¿Qué implica esto? Que no podemos saber cuántos casos más como el de Abril hay en el país y que, fuera de la indignación, no tenemos canales abiertos para exigirles más a los jueces. Sin acceso a las sentencias no podemos conocer la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. Al mismo tiempo, nos siguen vendiendo “soluciones”, como la de capacitar a los jueces en materia de género y derechos humanos para que esto no se repita más (en los últimos diez años se han invertido por lo menos 618 millones de pesos en ello). Pero: ¿cómo saber si esta estrategia está dando los resultados requeridos sin tener acceso a las sentencias?

Lo mismo puede decirse de la decisión de suspender a los jueces implicados en el caso de Abril, anunciada por el Consejo de la Judicatura de la CDMX. Esto sugiere que el problema son solo dos jueces. Pero: ¿cómo sabemos que no hay más? No olvidemos el caso de los Porkys: ahí también se decidió inhabilitar al Juez y casi tres años después aquí estamos otra vez.

Urge establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los poderes judiciales. Urge abrir canales de participación ciudadana en cómo se imparte la justicia. De lo contrario, seguiremos viendo casos como el de Abril. Mientras sigan operando en la opacidad, tienen todo para seguir resolviendo así. No podemos olvidarlo: sin transparencia no hay justicia. Tenemos que exigir más.

 

Por: Ana Pecova

Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres.
Fuente: REFORMA